Las empresas constructoras radicadas en la provincia pusieron en duda el reinicio de la obra pública, aduciendo que los precios oficiales reconocidos por el Gobierno provincial son notoriamente inferiores a los de mercado. Los reclamos fueron dirigidos por escrito a la secretaria de Obras Públicas de la Provincia (SEOP), Cristina Boscarino, por las representantes de las dos entidades que nuclean el sector: la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

El 28 de julio, el ingeniero Enrique Daniel Mafud y el arquitecto Sandro Marco Misuriello, presidente y secretario de la CTC, respectivamente, solicitaron por nota la rectificación del acta N° 02/2016 de la SEOP, que implementó un nuevo mecanismo de reajuste de precios para los contratos de obras públicas. Según las autoridades del organismo, los índices considerados a partir del nuevo cálculo son inapropiados. “Los valores a percibir de los insumos involucrados en los trabajos a ejecutar resultarán sensiblemente inferiores a los de mercado, situación que torna inviable la continuidad y el inicio de nuevas obras”, alertaron.

Por su parte, el arquitecto Roberto Galindo, presidente de la CAC, también le pidió a Boscarino “una revisión de los índices elaborados en el último año”. “De calcular las correspondientes redeterminaciones de precios de los certificados de obra sobre la base de esos números, se produciría un grave daño económico a nuestras empresas asociadas”, señaló el empresario, en una nota rubricada el 5 de julio.

Mafud y Misuriello fundamentaron su desacuerdo con respecto al reajuste de precios efectuado por el Gobierno provincial. “Dada la falta de credibilidad e incluso de disponibilidad de información por parte del Indec, se propone la utilización de la información generada por la Dirección de Estadísticas de Tucumán (DET), bajo la consideración de que se trata de series ‘asimilables’. Lo que se propone (desde la SEOP) es un empalme entre las series del Indec y las de la DET, a partir de noviembre de 2015, utilizando las variaciones experimentadas por las series de la DET aplicadas al valor registrado en octubre de 2015 por las series del Indec”, señalaron los representantes de la Cámara Tucumana de la Construcción. Advirtieron que, según los criterios oficiales, los resultados estadísticos son considerados “asimilables” por las autoridades porque “tratan de medir lo mismo”. Pero Mafud y Misuriello entienden que esa perspectiva es incorrecta, ya que “los resultados son muy diferentes”. Y destacaron que los problemas con los registros del Indec comenzaron antes de octubre de 2015, cuando la administración deMauricio Macri empezó a reelaborar los datos oficiales. A modo de muestra, identificaron cuatro artículos de uso frecuente en la actividad: la bolsa de 40 kilos de cemento de albañilería; la bolsa de 50 kilos de cemento portland; hormigón elaborado; y ladrillo cerámico hueco. Según los datos aportados por la CTC, los valores del Indec en la mayoría de estos casos rondan la mitad de los de la DET. “Estas discrepancias tienen una magnitud significativa, y nos hacen pensar que no es correcto considerar las series (de ambas fuentes de información) como asimilables”, destacaron. Indicaron luego que los precios resultantes son “alarmantes”, y sostuvieron que los ajustes “deben comenzar con anterioridad” a octubre.

En la nota presentada por Galindo, de la CAC, se toman tres parámetros con respecto al cemento portland: los índices reconocidos por la Secretaría de Obras Públicas, los índices de costo de la construcción calculados por el Indec, y los valores que paga en el mercado cotidiano una empresa asociada a esa entidad. “El incremento de nuestros costos reales (...) resultó ser del 75,4% en el período (marzo 2014/enero 2016). Por el contrario, según los índices de los insumos testigos elaborados por la Secretaría de Obras Públicas, la variación para ese período es apenas un 49,1%, muy inferior a la realmente acontecida”, destacó el representante de la Cámara Argentina de la Construcción.

El empresario Juan Carlos Falivene, titular de una constructora que lleva su apellido y miembro de la CAC, participó el 6 de julio pasado de una reunión de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, en Buenos Aires, donde estuvieron además dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), funcionarios provinciales y nacionales, y representantes de compañías del sector. Tras ese encuentro, Falivene formuló un reclamo formal aduciendo que el precio del metro cuadrado (m2) de vivienda construida reconocido por la repartición a cargo de Domingo Amaya en todos los demás distritos del país es cerca de un 30% de los valores que acepta el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu) para obras locales, como la ejecución de las 250 casas sociales de Las Talitas con el gremio de Smata. Según los datos aportados por Falivene, la Nación tiene como estándar un costo de $ 12.380 por m2, mientras que en Tucumán es de $ 9.106 por m2.