Según la Constitución nacional, el jefe de Gabinete debe manejar la administración, pero Néstor Kirchner realiza esa labor

Presidencialismo mal aplicado

No pocas generaciones de juristas y políticos argentinos agotaron su trayectoria cívica sin que el debate entre sistemas presidencialistas y sistemas parlamentaristas de gobierno movilizara entre ellos más que la curiosidad académica.

Desde hace algunos años, sin embargo, el tema se ha instalado, de forma gradual pero con creciente persistencia, entre las cuestiones de orden práctico que se discuten a raíz de la crisis política del país. Aquello que los argentinos no encuentran ni como fondo moral ni como criterio perspicaz de sus gobernantes procuran descubrirlo en las leyes y la doctrina política de otras sociedades.

Ha debido de caer muy bajo la Argentina para que sea imposible que el comportamiento de algunos de los candidatos que se presentarán en los próximos comicios se pueda tomar con más seriedad que las personificaciones regulares de las comparsas de Carnaval. Al día siguiente de las elecciones volverán aquéllos a la condición anterior, porque las nominaciones, mucho menos auténticas que el disfraz del oso carolina o el del melancólico payaso, habrán asumido sólo el carácter efímero de la falsa encarnación destinada a asombrar y a engañar.

La educación popular, constituida en el firme piso sobre el que se asienta la voluntad ciudadana expresada en el voto, es el único instrumento indubitable para modificar la situación, en extremo penosa, que afronta desde hace tiempo el país. Esa educación, que conoció épocas de gloria en un pasado cada vez más remoto, se ha degradado hasta tal punto que las reiteradas violaciones a la Constitución nacional rara vez reciben siquiera la debida condena social.

La Argentina pertenece a la constelación de países con sistema de gobierno presidencial. Salvo algunas excepciones del Caribe y el historial brasileño hasta 1889 por la presencia de la Casa Real de Braganza, América ha seguido el sistema presidencial trazado por los Estados Unidos desde fines del siglo XVIII. Por vía comparativa con el resto del continente, ese país ha sido, en oposición al juicio de quienes lo denuestan, un modelo de democracia y república.

Como la organización constitucional de la Argentina ha sido más próxima que distante de ese modelo, el problema lo han configurado los hombres, no las reglas de un sistema casi calcado de aquel otro.

Pero es tanta la desazón por la reiteración de tropiezos institucionales, tan justificada la quejumbre por el retroceso de más de 60 años en relación con el concierto de naciones, que se entiende la apelación a propuestas novedosas de cambio.

Desacreditado el régimen presidencial por su rigidez estructural para resolver crisis de elevada tensión, las miradas han comenzado a dirigirse a las formas más elásticas del parlamentarismo.

Si bien el debate por ahora no pasa de algunos foros académicos, debe consignarse que recientemente el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se pronunció abiertamente en favor de un régimen parlamentarista.

Un primer ministro debe irse o debe convocar a elecciones cuando la mayoría parlamentaria lo condena con un voto de censura. La continuidad del Estado la expresa un presidente revestido de ciertas facultades más o menos amplias, que sigue en funciones con independencia de la suerte del primer ministro.

La reforma constitucional de 1994 introdujo, en los artículos 100 y 101, la figura del jefe de Gabinete y, con ella, un principio de aparente presidencialismo atenuado. Otras normas, en particular las de los artículos 76 y 99, inciso tercero, al facultar en casos excepcionales la delegación legislativa de cuestiones administrativas y autorizar los decretos de necesidad y urgencia, han reforzado, por el contrario, el hiperpresidencialismo tan responsable de la encrucijada en que se encuentra la Nación.

La Constitución nacional establece que el jefe de Gabinete es jefe de la administración y quien hace recaudar las rentas de la Nación. Empero, si alguien pregunta por el ciudadano que ocupa esas funciones, difícilmente lo halle en el ámbito áulico en el que se consuman las grandes decisiones políticas bajo la égida del virtual presidente de facto, Néstor Kirchner.

Un Congreso ausente, que a duras penas consiguió salvar su investidura con el rechazo de la resolución 125, ha estado lejos de exigir el cumplimiento de las disposiciones constitucionales por las cuales el jefe de Gabinete debe presentarse mes tras mes en su seno a fin de rendir cuentas de la marcha de la Nación. En medio de esa situación, a nadie se le ha ocurrido que hubieran podido aliviarse los padecimientos nacionales con la remoción de aquel funcionario, según autoriza la Constitución al Congreso.

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