Las pintadas “Amaya 2015” y el reclamo del municipio a la Provincia por $ 170 millones cayeron muy mal en la Casa de Gobierno. Los reproches al intendente de la capital, Domingo Amaya, por ambas cuestiones bulleron ayer en el entorno del gobernador, José Alperovich. A eso se sumó un reclamo inesperado en el barrio “11 de Marzo”, que añadió más leña a la interna oficialista.

Quejas

Durante la mañana, Alperovich y una comitiva oficial recorrieron obras en la pobrísima barriada, al sur de la Ciudad. Los trabajos de cordón cuneta y veredas en Olleros al 1.300 son concretados por el Ente de Infraestructura Comunitaria, el organismo provincial que se encarga de pequeñas obras de infraestructura.

“Hay que hablar menos de política y hacer más cosas”, preparó el terreno el gobernador antes de contestar sobre el pedido del amayismo del dinero proveniente de la recaudación y de la coparticipación de impuestos.

“El ministro del Interior (Osvaldo Jaldo) hablará con ellos. Se va a conciliar... la verdad es que desde el 2003 a la fecha el Municipio de la capital es uno de a los que más se ha ayudado. Acuérdese de que era totalmente inviable. Creo que todavía le debe a la Provincia más de $ 500 millones. Estamos ayudando mucho al municipio y vamos a seguir haciéndolo. Porque ven cuando recorremos cómo la capital necesita cosas”, enrostró. Inmediatamente después, reconoció que vio los carteles que adelantan una posible candidatura de Amaya a gobernador. “Es bueno que en democracia esto suceda. Vimos las pintadas cuando vine de Concepción el sábado porque estuvimos trabajando todo el día”, deslizó en relación al raid que cumplió con el secretario de Obras Públicas, José Francisco López.

Antes de que el mandatario subiera a la trafic, vecinos de la zona comenzaron a acercarse para efectuarle pedidos. Cloacas. Iluminación. Limpieza. Seguridad. Los reclamos fueron variados. Uno de ellos, sin embargo, fue que más encolerizó a los habitantes. La queja fue por una obra aparentemente inconclusa de entubamiento del canal Sur, que pasa por la esquina de donde se encontraba el gobernador.

Alperovich explicó a los ciudadanos que ese trabajo correspondía a la gestión de Amaya. Encargó al titular del Ente de Infraestructura, Jorge Alurralde, que se quedara con el grupo para ir a inspeccionar el sitio.

Una vez que la comitiva oficial se retiró, la turba llevó a ese funcionario hasta el curso de agua. “Sobre la parte que taparon, ya hay asentamientos. Entonces, las calles quedaron bloqueadas. Además, miren lo que es la mugre en el canal. Esto tenemos en el patio de nuestras casas. Un foco de inseguridad y de enfermedades infecciosas. Le dije al gobernador que los legisladores que viven aquí, (Rolando) ‘Tano’ Alfaro y Germán Alfaro (es secretario de Gobierno de la Municipalidad) no nos dan respuesta”, reclamó Mario, quien prefirió no dar su apellido por temor a “delincuentes” del área.

“El único puente para peatones es ese que se está cayendo y tenemos que pasar con los chicos a la escuela por ahí. No hay otra manera de cruzar a las escuelas Gregorio Deán Funes y Griet. Los días de lluvia, hay amontonamiento en el puente y hasta barro. Es un peligro”, se quejó Paola Barcala, madre de dos niños.

Alurralde recorrió la zona y reiteró a los habitantes que las tareas pendientes son municipales.

“El Gobierno no debe”

“El Gobierno no le debe plata a la Municipalidad”. “El Pacto Social produjo un desendeudamiento y permitió la inversión pública”. “El gobernador no obliga a nadie a quedarse en el Pacto”. Esos fueron los tres conceptos que Jaldo reforzó como respuesta al secretario de Hacienda amayista, Silvio Bellomío.

“Me sorprendió que mientras tenemos una relación fluida desde el punto de vista técnico, se nos haga un pedido público (por la nota de LA GACETA). En los 11 años de gestión nunca pasó esto. Hay diálogo entre Miguel Acevedo (secretario coordinador de la cartera) y Bellomío. Y políticamente, las puertas de la Casa de Gobierno están abiertas”, afirmó el ministro del Interior. Jaldo exhibió el estado de la deuda de la capital y subrayó que le debe a la Provincia casi $ 600 millones.

“En 2003 la capital tenía afectada el 100% de la Coparticipación. Ahora va camino al desendeudamiento. Además, de los fondos que van a los municipios, el 50% se lo queda la capital”, detalló. Agregó, por último, que se está depositando en tiempo y forma el dinero del Pacto Social (acuerdo mediante el que las administraciones municipales ceden sus recursos coparticipables a la Provincia a cambio del pago de sueldos y la concreción de obras).

Bellomío había reclamado a la Provincia la cesión de $ 170 millones, correspondientes a ingresos coparticipables y de recaudación tributaria que la Casa de Gobierno habría retenido en 2013 y el primer trimestre de este año.