La Justicia decidió que la causa en la que se investiga a la presidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero se tramite en los tribunales de Comodoro Py 2002, en la ciudad de Buenos Aires, y no en Río Gallegos, como pretendían los acusados.

Para el camarista Eduardo Farah está claro que en el caso pudo haber dinero proveniente de las arcas nacionales y que los sospechosos podrían ser funcionarios nacionales, lo que justificaría que la causa se quede en Buenos Aires en manos del juez federal Daniel Rafecas. Pero para sus colegas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, de la Sala I de la Cámara Federal, lo que se investiga es impreciso, por lo que le dejaron el caso a Rafecas para que lo determine.

El tema es clave porque por un lado el fallo deja el caso fuera de la influencia de la justicia federal de Santa Cruz, que siempre le fue favorable al kirchnerismo. Pero por otro, la sentencia -en el voto de los jueces Freiler y Ballestero- describe el expediente como un caso en el que no está claro lo que se investiga y señala que existen hipótesis difusas sobre las acusaciones.

Esta idea no es compartida por el tercer juez, Farah, para quien es indiscutible que lo que está bajo la lupa es un caso de posible lavado de dinero por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Que el dinero negro que se buscó blanquear pudo haber sido un retorno de la obra pública con la que el Gobierno favoreció a Lázaro Báez y que el mecanismo de blanqueo sería la simulación de facturación de habitaciones hoteleras a Báez, sin importar que hubieran estado ocupadas.

Esta hipótesis, que impulsó al juez Claudio Bonadio a allanar Hotesur y las oficinas de Máximo Kirchner en Santa Cruz, es la que describieron el camarista Farah en el fallo de ayer y los camaristas de Comodoro Rivadavia cuando entendieron que el caso debe investigarse en la Capital Federal.

Sin embargo, no aparece tan nítida para los camaristas Freiler y Ballestero, que optaron por dejarle el caso a Rafecas, pero para que "solucione las deficiencias apuntadas" y determine "una plataforma fáctica lo suficientemente sólida". Si no está claro qué se investiga, dijo Ballestero, no se puede determinar qué juez es competente para hacerlo.

Freiler suscribió esta idea. Dijo que son difusos los "límites del objeto procesal" y afirmó que "se desconoce el objeto de esta causa".

Dijo que las falencias de la causa la hacen generar el riesgo de que se transforme en "una excursión de pesca inaceptable en un Estado de derecho". Justamente Freiler, que junto con Ballestero votó por apartar al juez Claudio Bonadio, recibió ayer un mala noticia: un fiscal impulsó una causa para investigar el modo en que compró una casa de dos plantas en una codiciada esquina de Olivos, cerca de la quinta presidencial. El fiscal pidió que se libren oficios para conocer detalles de la operación.

La causa de Hotesur se inició por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias de la sociedad Hotesur, que maneja el Hotel Alto Calafate. El caso recayó en el juzgado de Bonadio, que empezó a investigar las supuestas anomalías registrales.

Pero Bonadio fue apartado por los camaristas Freiler y Ballestero a pedido de la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, presidenta y directora de Hotesur. Hotesur es hoy de la Presidenta y de sus hijos, Máximo y Florencia. El Hotel Alto Calafate, que controlan los Kirchner a través de Hotesur SA, alquiló 935 plazas por mes a empresas de Báez por 10 millones de pesos en dos años y se investiga si fueron realmente ocupadas o no.

Lázaro BáezEmpresario kirchnerista

Alquileres misteriosos

Está investigado en el caso Hotesur por el alquiler de casi 1000 plazas hoteleras a la empresa de la familia presidencial. No se sabe si se ocuparon. Se sospecha que es un mecanismo de blanqueo de dinero ilegal