El sector privado fueguino acuerda reclamar al Gobierno provincial garantías de estabilidad

Frente a las consecuencias que traerá aparejada la crisis financiera internacional y la situación económica provincia, en la Cámara de Comercio de Río Grande diferentes sectores del ámbito privado acordaron reclamar al Gobierno provincial la puesta en marcha de medidas fiscales y parafiscales que restablezcan niveles de actividad, empleo e inversión, también acciones que promuevan el crecimiento económico con disposición de créditos de la banca oficial; la definición de un plan fiscal tributario provincial que permita acceder al sector privado a mecanismos de diferimiento de impuestos; al igual que gestionar ante las autoridades nacionales nuevos instrumentos en el marco del régimen de promoción industrial que estén a la altura de los nuevos parámetros de competitividad. Todo esto quedará plasmado en un documento multisectorial que se hará público el próximo lunes, tras una nueva reunión.
Los participantes coincidieron a lo largo de más de dos horas de discusión en la sede de la entidad, en el avance de la crisis provincial y las negativas consecuencias que provocará el crac financiero internacional, agregando una cuota de mayor inseguridad inicialmente a las empresas, aunque esto terminaría afectando rápidamente a los comercios.

De esta multisectorial de los privados tomaron parte los representantes de: AFARTE; la Asociación de Ingenieros; la Cámara Pescadores Artesanales; ACARA; la Cámara Fueguina de la Construcción; la Cámara Fueguina Pequeña y Mediana Industria; Centro de Empleados Comercio; la CGT; el Consejo Pastoral Evangélico; la Cooperativa Eléctrica; Cámara de Madereros; el Colegio de Abogados; la Asociación de Martilleros; la Cámara Hotelera en formación; UOCRA; la Unión Industrial Fueguina; la Asociación Rural; el Grupo APEX; CEFAC; la Cámara Comercio de Río Grande y el presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, además de los representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Los primeros en exponer fueron los sindicatos, por lo que los presentes pudieron conocer la situación de emergencia acusa la UOCRA, en tanto que los integrantes del CEC, junto con la CGT, reconocieron que se requería de medidas que brinden estabilidad a todo el sector.

Por su parte, los restantes participantes, reconocieron que la problemática los afecta a todos, destacando la caída de la actividad general, individualizando a la industria, el comercio y los servicios, lo que terminará con la disminución de puestos de trabajo en toda la provincia.

Si bien el encuentro tendrá su continuidad el próximo lunes, cuando los diferentes sectores comprometieron brindar algunas propuestas para presentar un documento conjunto, algunos de los elementos sustanciales que debería contener el mismo, sería: la puesta en marcha de medidas fiscales y parafiscales que restablezcan niveles de actividad, empleo e inversión; acciones que promuevan el crecimiento económico con disposición de créditos de la banca oficial; la definición de un plan fiscal tributario provincial que permita acceder al sector privado a mecanismos de diferimiento de impuestos; gestionar ante las autoridades nacionales nuevos instrumentos en el marco del régimen de promoción industrial que estén a la altura de los nuevos parámetros de competitividad.

Cabe destacar que todos los participantes resaltaron la necesidad de que el Gobierno provincial elabore propuestas tendientes a brindar la garantías necesarias para el sector, destacando que hasta el momento las acciones solo han apuntado a incremento en los gravámenes impositivo, sin producir un ahorro en las estructuras gubernamentales, por ejemplo, de los cargos políticos.

Hubo coincidencia además en la necesidad de garantizar que el compromiso de los recursos naturales, como es el caso del convenio para la instalación de la planta de metanol, sea responsable, transparente y eficaz, solicitando además, que los recursos económicos que se generen se inviertan en desarrollo económico e infraestructura, rechazando la intención de destinar los fondos a reducir el déficit o las urgencias salariales.

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