El fin del secreto en el Batallón 601

El Gobierno entregó al Poder Judicial información sobre los militares y civiles que integraron la estructura de inteligencia del Ejército durante la dictadura. Aún no existe una causa judicial que investigue al Batallón 601.
Por primera vez desde el retorno de la democracia, fiscales y jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad disponen de los nombres y responsabilidades específicas de oficiales, suboficiales y también civiles que prestaron servicios durante la dictadura en organismos de inteligencia del Ejército. Se trata del porteño Batallón 601 y de los destacamentos y secciones de las principales ciudades del país, unidades siempre camufladas y por lo general alejadas de los cuarteles donde trabajaron quienes interrogaban a los secuestrados en los centros clandestinos, quienes procesaban la información arrancada en las mesas de torturas, y en donde rendían cuentas centenares de aún ignotos civiles infiltrados en fábricas, sindicatos, universidades y organizaciones sociales en busca de potenciales "subversivos".

La información fue aportada durante el último año por el programa Verdad y Justicia, y por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que dependen del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El primero elaboró y entregó a magistrados de cada jurisdicción informes de los respectivos destacamentos y sus integrantes, con detalle de cursos realizados (interrogadores, entre otros) y tareas asignadas según categoría y cargo. El ANM le acaba de entregar al juez federal Ariel Lijo un listado con los nombres y categorías (producción de información, analista, asesor universitario, etcétera) en las que revistaban 1599 civiles del Batallón 601, otros 2353 repartidos en destacamentos y secciones de todo el país, más 345 oficiales del Ejército que prestaron servicios en un destino u otro.

Los datos sobre el "personal civil de inteligencia", PCI en la jerga castrense, son accesibles al Poder Judicial y a cualquier ciudadano que manifieste un interés legítimo gracias al decreto presidencial 4/2010, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que en base al "derecho de la sociedad a conocer su pasado" y ante el cúmulo de requerimientos judiciales eliminó las restricciones al acceso a la información calificada como "secreto de Estado" entre 1976 y 1983.

Los informes abarcan por el momento a la estructura del Ejército, que tuvo el "control territorial" tras el golpe de Estado, y que además de civiles contó en sus filas con personal policial, de Gendarmería, Prefectura y SIDE, incluidos ex miembros de bandas de ultraderecha ligadas a la Triple A. El próximo paso del Ejecutivo será profundizar en el conocimiento de los miles de hombres y mujeres que cumplieron idénticas tareas para la Armada y la Fuerza Aérea, y que tampoco rindieron cuentas por sus acciones al amparo del terrorismo de Estado.

La impunidad del 601

"El 601 estaba integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar", explicó en 1986 quien fuera su jefe en 1976 y 1977, general Alberto Valín, que murió impune. "Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra", destacó durante su declaración indagatoria el condenado general Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo.

"La desaparición es trabajo del 601", asentaron oficiales de la embajada de los Estados Unidos en un memo de abril de 1980, luego de apuntar que los militantes montoneros capturados cuando reingresaban a la Argentina estaban secuestrados en "la prisión secreta de Campo de Mayo" y que serían "interrogados y desaparecidos permanentemente" (sic). Según ese documento desclasificado del Departamento de Estado, los norteamericanos llegaron a pensar que la junta era "prisionera" de las decisiones del batallón de Callao y Viamonte.

A pesar de su rol central en la represión, no existe aún ningún juez o fiscal abocado a investigar el complejo entramado del Batallón 601. El primer ex jefe que llega a juicio es el coronel Alberto Tepedino, juzgado en San Martín junto con el dictador Reynaldo Bignone y un grupo de ex jerarcas de Campo de Mayo. El juez Lijo investiga sólo la actuación de sus miembros en la desaparición de los militantes que volvieron al país en el marco de la "contraofensiva" de Montoneros, en 1980.

Lijo condenó en 2007 al coronel Jorge Arias Duval, jefe de la Central de Reunión del 601, y a siete de sus subordinados, incluido el PCI Santiago Hoya, que murió tres días después. Desde entonces fueron procesados apenas seis represores. El civil Julio Cirino, ex miembro de la Fundación PensAR vinculada al PRO, se ufanó ante la embajada de haber estado en tres "centros de detención e interrogación" y advirtió que los desaparecidos "no van a aparecer". Jorge Oscar Baca, otro civil, cuyo nombre de cobertura era Juan Omar Boyé, fue el secretario de Arias Duval. También están presos el sargento Alfredo "Cacho" Feito y el ex gendarme Carlos Somoza, sindicado como interrogador en Campo de Mayo en los primeros años de la dictadura. Procesados pero libres están el coronel Julián Marina y el teniente coronel José Ramón Pereiro.

El epicentro de los interrogadores del 601 admirados por Riveros era justamente Campo de Mayo. La causa radicada en San Martín que debería investigarlos sólo alcanza por el momento a ex jefes como Fernando Verplaetsen o el propio Riveros. Somoza ni siquiera fue citado a prestar declaración indagatoria. El otro interrogador identificado, el prefecto Néstor León López, alias El Alemán, que se especializó en militantes del PRT, murió impune y en el anonimato.

También son escasos los ex miembros de unidades del interior del país que llegaron a juicio. En Córdoba fueron condenados siete integrantes del Destacamento 141 que operaron en La Perla, y se suicidó su ex jefe, coronel César Anadón. En Neuquén fue condenado el coronel Mario Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento 182, y sus ex subordinados Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra, en tanto sigue prófugo el capitán Jorge Di Pascuale. También está prófugo el coronel Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento 201 que en 1978 comenzó a operar en Campo de Mayo, y varios ex miembros del Destacamento 181 de Bahía Blanca.

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