Secretaría o ente autárquico La tasa de seguridad vuelve a la agenda del Concejo Deliberante

Esta semana, los ediles se reunirán otra vez con los foros de seguridad. Buscan avanzar con el tratamiento de los proyectos para conseguir apoyo a la actividad policial. Los planes todavía no aparecen.
Dividen la provincia en cuatro zonas policiales

El gobierno bonaerense implementó ayer una reestructuración en la policía provincial para asignar un jefe policial propio a cada una de las cuatro regiones en las que dividió el territorio, con el objetivo de mejorar la operatividad en la lucha contra el delito. La reforma fue anunciada ayer por el gobernador Daniel Scioli en La Plata, junto al jefe de Gabinete, Alberto Pérez y los ministros de Justicia, Ricardo Casal y de Seguridad, Carlos Stornelli. La reforma consiste en dividir en cuatro el territorio provincial para asignarle un jefe a cada una de las regiones en las que se agruparán las actuales 32 departamentales de seguridad con que cuenta la provincia. El titular de la cartera de Seguridad detalló que el objetivo es «aumentar los controles, que la cúpula policial esté más tiempo en la calle para, de esa manera, optimizar el trabajo de la policía, lo que implicará mayor operatividad». Anunció que se incorporará mayor cantidad de efectivos policiales «en los próximos meses cuando egresen los cadetes de la academia policial», aunque subrayó que «todos los días se trabaja para incrementar el personal en la calle». De acuerdo al nuevo organigrama policial, el esquema será el siguiente: la jefatura a cargo del superintendente Daniel Salcedo; como subjefe, el coordinador de Seguridad, superintendente Juan Carlos Paggi; por debajo de éste estarán los cuatro nuevos superintendentes de Seguridad (Norte, Sur, Oeste e Interior); luego las 32 Departamentales y, por debajo, cada Departamental se divide en Jefaturas Distritales. La Superintendencia de Seguridad Norte (a la que corresponde Pilar) estará a cargo de Salvador Barata, quien era titular de la Departamental Lanús; la Sur, de Ernesto Aragüez que era el jefe de la Policía Buenos Aires 2; la Oeste, de Claudio Fernández que estaba a cargo de la departamental Quilmes y la del Interior, Héctor Martínez que era subcoordinador operativo de toda la fuerza.

Esta semana, el tope de la agenda legislativa en el Concejo Deliberante local volverá a quedar ocupado por la seguridad, un tema que había sido central para los legisladores durante varios meses de este año, pero que fue luego perdiendo protagonismo, eclipsado por otros aspectos de la coyuntura.

Dos proyectos del oficialismo son los que están actualmente en debate. Y cada uno de ellos presenta aspectos polémicos:

• La creación de una tasa de seguridad que se aplique exclusivamente a la compra de equipamiento para apoyar la tarea policial es una de las iniciativas.

• La otra es la designación de un ente autárquico -el Organismo de Seguridad e Integración Ciudadano (OSIC)- que administre recursos propios con el mismo fin: mejorar la capacidad de respuesta de la policía.

Ambas iniciativas fueron elaboradas por el presidente de la bancada oficialista y titular de la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, Carlos Olivera. Las dos tienen tratamiento formal desde hace un mes, aunque hace mucho más tiempo comenzaron a ser debatidas dentro y fuera del Concejo. Pero hasta ahora no han conseguido avanzar.

Ayer, desde la Provincia de San Luis, donde se encuentra participando de un simposio, Olivera le confirmó a El Diario que convocará para la mañana a una reunión de comisión.

Ese día está previsto que participen los representantes de los foros comunitarios de Seguridad. Será la segunda reunión que los organismos vecinales mantengan con los ediles por el tema en las últimas semanas.

Tras el encuentro anterior, los foristas se llevaron copias de los proyectos y desde entonces se dedicaron a analizarlos y a elaborar propuestas alternativas.

De todos modos, el tratamiento de las iniciativas tiene aún una falencia central: la policía sigue demorando la elaboración de un listado de programas y necesidades de equipamiento que deberían financiarse con alguno de los proyectos que estudian los ediles.

Cuestión de plata

El eje central de los dos proyectos que analiza el Concejo es económico. En uno se crea una tasa, el otro prevé donaciones; uno planta una administración estatal y otro privada. Pero en el fondo, el fin es el mismo: conseguir financiamiento para los planes de seguridad.

Desde la oposición, las voces contra las iniciativas suenan desde el principio. La concejal de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, reiteró este fin de semana que la implementación de una tasa implica una doble imposición, más allá del monto mínimo que se prevé cobrar en Pilar.

"Es una cuestión ideológica: no podemos permitir que el Estado provincial se corra de sus obligaciones de financiar la seguridad como ya lo hizo de la educación y la salud", disparó la edil, entrevistada por el programa SOS Noticia (FM Plaza, sábados de 11 a 13).

Los foros tenían también sus cuestionamientos contra las iniciativas oficiales. Sobre todo, la que prevé crear el OSIC con un solo lugar para los seis foros el distrito.

Sube y baja

El debate por la seguridad y la búsqueda de proyectos locales que la mejoren había comenzado a mediados de este año, empujado por una seguidilla de delitos graves.

En aquel momento, se había presentado una serie de proyectos, la mayor parte nunca fue votado por los concejales.

Entre las iniciativas pendientes se encuentra la realización de una encuesta anónima para elaborar un mapa del delito más confiable que el que maneja la propia policía.

También se había presentado una iniciativa para multar a los padres de los menores que provocaran disturbios o estuvieran alcoholizados. Pero todavía están pendientes de tratamiento.

Otros temas, como la presencia de menores en el corredor nocturno, ganaron más espacio en la agenda y fueron desplazando, de a poco, a los proyectos de seguridad.

Ahora, sin otros expedientes urgentes en el horizonte, la lucha contra el delito volvió al primer plano.

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