Top secret

Un contribuyente acaba de denunciar ante organismos internacionales que en su país no hay forma de saber cuánto gasta una universidad en publicar una página en un diario local, a pesar de que se nutre de fondos públicos. La universidad en cuestión es de Mar del Plata, y el diario también.
La coyuntura actual de la Universidad Nacional de Mar del Plata no es caldo apto para que sucedan acciones de claro perfil institucional. Una entidad autónoma conducida por una gestión de facto -como es la de Francisco Morea- es de por sí complicada. Si a esto se suma la situación jurídica que ha hecho que se mantenga tal condición, se comprenderá que las condiciones adversas son mayoría.

Como se recordará, luego de las intensas luchas intestinas que agitaron la institución, luego de que dos líneas internas que apoyaban a los diferentes candidatos al rectorado –Pérez y Garamendy, de Ciencias Económicas y Arquitectura, respectivamente- no pudieran establecer un proceso eleccionario sencillamente aceptable, todo fue para peor. Se completó el panorama desolador con la intervención reiterada del grupo de política estudiantil “Sur”, que hizo lo suyo rompiendo asambleas e impidiendo procesos que debieron ser normales, hasta que ante la imposibilidad de designar autoridades de manera autónoma y pacífica, garantizando la participación de consejeros de los diversos claustros, se debió hacer intervenir a la justicia, lo cual tampoco es fácil.

Pero estas coordenadas han hecho que la gestión de facto de Morea no sólo exista sino que se prolongue más de lo deseable, ya que la intervención de la Cámara de Apelaciones no cerró las cosas en un santiamén: parece que hubo un voto en disidencia en un tribunal incompleto, y que la decisión final no está tomada, ya que estarían en juego las posiciones encontradas de los jueces Alejandro Tazza y Jorge Ferro. El resultado es que la institución se encuentra políticamente en manos del Partido Socialista Popular, para sorpresa del panorama eleccionario tradicional de la ciudad, y del espectro de fuerzas actuales en las demás instituciones locales.

Un valiente

El caso que nos ocupa es el de un jubilado de la ciudad, Horacio Martínez, que tuvo la inquietud de indagar acerca de los costos que tiene, para la Universidad Nacional de Mar del Plata, la publicación de una página en el diario La Capital titulada Enlace Universitario. Su función es la de divulgar las novedades que se presentan en esa casa de altos estudios.

Precisamente en esa página, publicada el pasado viernes 28 de marzo, se hablaba de la intención de la universidad de transparentar el manejo de los recursos públicos, por lo cual se pondría a disposición de la comunidad una solapa en el portal que le es propio, que incluiría información de la situación y administración financieras. Allí se darían detalles también acerca del manejo de los fondos que transfiere el Tesoro Nacional, así como de los recursos propios que la universidad genera.

“La Universidad Nacional de Mar del Plata está convencida de que es de fundamental importancia hacer transparente a la ciudadanía el manejo de los recursos públicos, que surgen de los impuestos que pagan todos los argentinos (…) para facilitar el control social, y en especial de la comunidad universitaria (…)”, rezaba la nota publicada en la oportunidad.

Intrigado por la publicación, Martínez se amparó en precisamente la reglamentación vigente, es decir el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y el decreto nacional 1172/03, y se dirigió al entonces rector arquitecto Daniel Medina. En su carácter de ciudadano contribuyente, y en ejercicio de su derecho a la información, preguntó acerca de los costos de la página Enlace Universitario, que tiene un carácter semanal, y que se presenta como página de la Subsecretaría de Comunicación y Relaciones Públicas (Departamento de Prensa) de la UNMdP.

No obtuvo respuesta alguna dentro de los plazos prudenciales, que también están establecidos en la ley que resguarda los procedimientos administrativos. Cuatro meses después, Martínez no había olvidado la pregunta, e hizo lo que indicaba la ley: dirigirse a la Oficina Anticorrupción, con el fin de poner en conocimiento de las autoridades la situación que se le presentaba. Su nota del 26 de agosto del corriente año dice que ha presentado la carta a la universidad sin que le haya sido remitida una respuesta, y se pregunta públicamente si no estaremos una vez más ante una interpretación abusiva de la palabra autonomía.

Es evidente que Martínez conoce la norma. Detalla en su denuncia ante esta oficina que se encuentra amparado por lo dispuesto en el anexo VII, capítulo 2, artículos 11 y 12 del decreto 1172/03. Sabe también que las resoluciones 1 y 3 del corriente año han reglamentado su aplicación, y que es esa Oficina Anticorrupción la encargada de recibir las denuncias por incumplimiento, ya que su finalidad es fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad.

La respuesta no se hizo esperar demasiado, y llegó el 16 de octubre firmada por Leopoldo Horacio Giupponi, quien es analista de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción. En ella se desestima la denuncia, que a estas alturas había sido secundada por la idéntica de Andrea Waisberg: “las Universidades Nacionales no forman parte de la administración pública al ser entidades autónomas, es decir no se encuentran alcanzadas por el Reglamento General del acceso a la información pública”, indica.

No obstante, en el dictamen se recomienda al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la información del señor Martínez y de la señora Waisberg, así como para atender futuras solicitudes, ya que entiende que el derecho a la información es uno más de los derechos humanos. Se le sugiere además que la Universidad podría adherir formalmente a lo establecido por el Reglamento General del acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional, y listo.

Se recomienda incluso al Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación que podría impulsar esta adhesión al Reglamento por parte de las universidades nacionales, que sería una solución para todos. Pero parece que no funcionó.

Un roble

Martínez es incansable. El mismo 20 de octubre se dirigió a la Oficina Anticorrupción diciendo que había recibido la desestimación de la presentación. Y que la única alternativa que le dejaban era la que iba a utilizar: denunciar y acompañar lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con reserva de dirigirse también a Transparency International, a través de su sede central sita en Alemania. Lo hará, según indica, porque el único recurso que existe a nivel nacional sería presentar un recurso de amparo judicial, pero él sabe que tal gestión resulta inaccesible a la mayoría de los ciudadanos, dado que aun siendo el resultado favorable al damnificado, debe hacerse cargo de las costas y los honorarios de la gestión, lo cual va sensiblemente en contra del posible control ciudadano.

Martínez dice que no está pidiendo información confidencial, y que aunque la Universidad -que se nutre de fondos públicos- no tenga obligación de hacerlo, debería facilitarla, al menos para dar cumplimiento a esa transparencia que pomposamente declama en su página, cuyo costo de publicación semanal no se acaba de dilucidar.

Y lo denunció nomás, este mismo mes, y se encuentra a la espera de una respuesta favorable. Pero la pregunta es: ¿había necesidad de llegar tan lejos? Es decir, ¿a quién puede interesar negarle a un ciudadano la información acerca de una publicación de interés general? ¿Al que la paga? ¿Al que no la paga, porque no quiere decir cómo en realidad la paga? ¿A quién?

La Universidad Nacional es un aquelarre en plena gestión de facto y parece no tener vías de institucionalización inmediata, ya que hay varias fuerzas que sostienen la continuidad del proceso actual, en vez de la efectiva intervención judicial. Son los que llevan la autonomía tan a ultranza que no entienden que la justicia interviene cuando los “autónomos” no pueden consigo mismos. No pueden ni contestar una carta a un contribuyente que pregunta sobre el costo de una publicación. Así les va.

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