Los resultados de las elecciones delinearon un nuevo escenario político, que en la Provincia está teniendo las primeras repercusiones. Por un lado, el massismo pone en jaque la gestión sciolista al rechazar el proyecto del Presupuesto 2014, tal como lo propuso el Ejecutivo. Por el otro, el gobernador oxigena su Gabinete, promoviendo cambios en diversas áreas. En el medio, un hecho delictivo puso la lupa sobre la Policía y funcionarios bonaerenses.
Mientras los legisladores de la UCR y el FAP ya adelantaron que acompañarán el Presupuesto y el endeudamiento, aunque rechazaron levantar la mano a favor del aumento del impuesto inmobiliario introducido en la Ley de Leyes; desde el massismo encabezan desde el inicio de las negociaciones una negación, que podría ocasionar cambios en el pliego del Ejecutivo.
Las críticas apuntan al incremento tributario, vía contribución especial, destinado a la Cartera de Seguridad. Por el contrario, proponen que la financiación surja de un recorte en los gastos de publicidad. Además, exigen que el endeudamiento no se destine a gastos corrientes y que el Gobierno provincial especifique el uso de los fondos.
La traba de las gestiones está en la aprobación del endeudamiento, ya que el FpV necesita dos tercios de los presentes en cada Cámara para su sanción, y el rechazo del massismo es muy fuerte. En Diputados, el oficialismo podría avanzar con tranquilidad, ya que necesita 62 votos, de un total de 92, para el endeudamiento y al massismo no le alcanza para trabar el proyecto, aún con el rechazo de sus 22 legisladores. Sin embargo, la viabilidad del pliego se frena en Senadores, porque el FpV necesita 31 votos para avanzar y por ahora cuenta con los 20 propios más nueve de la oposición.
Ante este panorama, el oficialismo tiene algunas alternativas para sortear las trabas del massismo. Una sería replantear la suba del 18 por ciento del impuesto inmobiliario, darle marcha atrás o modificarlo, para destrabar la discusión. Otra, prorrogar el presupuesto 2013 y reasignar partidas presupuestarias haciendo uso de las facultades que tiene el Ejecutivo. La última esperar que en el Cámara alta, los dos senadores del PRO Peronismo, Aníbal Asseff y Alfredo “Tati” Meckievi, y la representante de la Coalición Cívica, María Isabel Gainza, acompañen el pliego.
Cambios en el Gabinete
Las versiones sobre posibles modificaciones en el Gabinete de Daniel Scioli, ya tiene algunos aciertos. El primer lugar que tiene un hombre nuevo es ARBA, donde el cargo que desde 2009 ocupa Martín Di Bella, ha sido asignado para el diputado bahiense Iván Budassi, quien en diciembre termina su mandato. Di Bella, por su parte, según versiones, sería designado con un cargo en el Banco Provincia o en Economía.
Además, se prevén cambios en el Ministerio de Desarrollo Social. Su actual titular, Martín Ferré, saltaría al lugar que hoy ocupa Eduardo Camaño, la Secretaría de Gobierno, y éste seguiría ligado a la gestión sciolista, aunque en su armado presidencial.
Las versiones, no confirmadas en Calle 6, indican que la ministra Cristina Álvarez Rodríguez se haría cargo de esta cartera y que su lugar lo ocuparía un intendente. Además, como se baraja desde hace tiempo, se prevé que se irían el titular de Infraestructura, Alejandro Arlía y la ministra de Educación, Nora De Lucía.
Casal vs. delincuencia
La violencia que irrumpió la siesta de Tortuguitas el pasado jueves, dejó un tendedero de cruces de declaraciones, luego que el delincuente afirmara que su fuga de la cárcel estuvo arreglada e involucrara al gobernador, al ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal y al ministro de Justicia nacional, Julio Alak. La denuncia puso la lupa sobre la Policía y el Gabinete bonaerense.
El primero en responder a las acusaciones fue Casal. Tras participar de un plenario con legisladores en el Senado, donde se discutió en torno al proyecto del Presupuesto 2014, el ministro de Justicia señaló, asombrado por las acusaciones y por el hecho delictivo que parecía desconocer, que eran “un disparate absoluto y descabellado”.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró que el hecho tenía “connotaciones políticas". "Hubo mensajes políticos muy claros", advirtió el funcionario, tras los dichos del delincuente que argumentó que su escape era parte de una trama de complicidades que incluía a funcionarios bonaerenses y al propio Ejecutivo provincial
Las afirmaciones de Berni, le dolieron a Casal quien rechazó esa postura y afirmó que "de político no tiene nada".
En línea con el funcionario bonaerense, opinó el tigrense Sergio Massa, quien respaldó al gobernador y a su Gabinete. “Puedo tener diferencias con el ministro, pero no lo creo capaz de esas cosas. Sería oportunismo político berreta pensar que la palabra de Casal vale menos que la de un delincuente", dijo el intendente definiéndose en una polémica que no sólo incomoda, sino que preocupa a más de un bonaerense.
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