El gobierno bonaerense reunirá a todas las empresas del Estado provincial dentro de la órbita de una secretaría que será presentada hoy y surgirá de la escisión de buena parte de la estructura del actual Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. El objetivo es mejorar el rendimiento y la calidad de las prestaciones.

Se trata de la Secretaría de Planificación y Control de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, cuyo titular será Franco La Porta, que asumirá hoy. La dependencia concentrará el control de Aguas Bonaerenses (ABSA); Buenos Aires Gas (Bagsa); Centrales de la Costa; la Agencia de Transporte; la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, comercialmente conocida como Ferrobaires, y la recientemente creada Autopista Buenos Aires (Aubasa).

Ante un diagnóstico sobre la situación de las firmas que no arrojó resultados demasiado alentadores, la nueva dependencia realizará una revisión integral y no se descartan incrementos en las tarifas de los servicios que prestan.

La Porta explicó que el objetivo principal para este nuevo desafío es "hacer que las empresas sean eficientes y que estemos a la altura de las necesidades de los consumidores, ya sea en el control de inversiones, en la extensión de servicios o la calidad de las prestaciones". Y agregó: "Voy a racionalizar los gastos sin descuidar los servicios que le llegan al usuario. Es impresionante el gasto innecesario que tienen esas empresas", aseguró.

El futuro funcionario provincial, que fue titular del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia durante la gestión de Felipe Solá y en octubre pasado fue candidato a diputado provincial por el denarvaísmo, aseguró que tratará de "unificar el criterio para todas las empresas" y "reducir el déficit", así como "extender el servicio a toda la provincia".

La tarea no será sencilla. La situación de muchas de estas empresas, que tienen el formato de sociedad anónima con el Estado provincial como accionista mayoritario, es deficitaria y los servicios prestados son severamente cuestionados por los usuarios. Esa realidad quedó plasmada en un informe reservado que da cuenta de los diversos problemas que atraviesan las compañías.

Por otra parte, se insistirá en mantener bajo control del Poder Ejecutivo tanto la prestación como la fiscalización, ya que también figuran en el organigrama de la dependencia, que se terminó de definir ayer al mediodía en la gobernación, el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba) y el Organismo de Control de Energía de Buenos Aires (Oceba).

La creación de la nueva secretaría supone quitarle al Ministerio de Infraestructura el manejo del área de servicios públicos, lo que implica una virtual disección de la cartera conducida por Alejandro Arlía.

Se prevé una amplia revisión del estado de cada una de las empresas, que incluye el pedido de poner a disposición la renuncia para todos los directivos. En ese sentido, una de las cuestiones por analizar es la situación tarifaria, según reconocieron fuentes cercanas al nuevo funcionario.

SUBAS EN EL HORIZONTE

La necesidad de reajustes ya quedó expuesta en las reuniones preliminares que La Porta mantuvo en estos días con distintos actores vinculados con la prestación de los servicios. Uno de los encuentros que trascendieron fue con los responsables de las 200 cooperativas eléctricas que funcionan en la provincia, que alertaron sobre "la necesidad de avanzar con un aumento de tarifas debido a la crisis que vive el sector", que atiende una cartera de 800.000 usuarios. El presidente de Federación Interregional de Cooperativas de Electricidad de la provincia de Buenos Aires (FICE), Roberto Otero, destacó que en la reunión se dejó la inquietud acerca de abordar el tema del "sistema tarifario integral".

Uno de los casos testigos es el de Ferrobaires, fundada hace dos décadas y dirigida actualmente por Antonio Maltana, que se encuentra en una situación considerada "crítica" dentro del propio gobierno. La firma invierte casi el 80 por ciento de su presupuesto en sueldos y casi no tiene margen para la inversión. Con ramales suspendidos y una dotación de personal de unos 3000 agentes, de los cuales sólo un tercio presta efectivamente servicios.

La Porta ya habló con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, para analizar el estado en que recibe la empresa. En rigor, Ferrobaires debió ser traspasada a la Nación. Así se estableció en 2007 en un proceso de transferencia que debía demandar 180 días, pero sigue sin efectivizarse.

Otro gran desafío es ABSA. Según un informe extraoficial, esta compañía que brinda agua corriente y cloacas tendría un índice de cobrabilidad apenas superior al 20 por ciento. Por su parte, Aubasa, que reemplazó a Coviares en la operación de la autopista La Plata-Buenos Aires, tiene como objetivo inmediato la construcción del tercer carril, prometido durante años, pero nunca concretado.

AVANZA LA VIVIENDA SOCIAL

LA PLATA. - El gobierno bonaerense reglamentó ayer a través de un decreto la denominada ley de acceso justo al hábitat que, entre otras cosas, exige a los grandes emprendimientos inmobiliarios ceder el 10 por ciento del valor total del terreno para la realización de planes de vivienda social. El organismo encargado de ser la autoridad de aplicación será el Ministerio de Infraestructura.

La reglamentación del decreto establece que los municipios deberán "determinar de oficio" el monto y el plazo de pago de la contribución a cargo de los desarrolladores inmobiliarios. En esa línea se señala que el medio de pago de esa contribución será a elección del sujeto obligado y el municipio deberá corroborar la equivalencia entre el monto por pagar y el inmueble cedido..