Scioli tuvo que aplicar otra medida de ajuste

Vetó el proyecto de "premio jubilatorio"
LA PLATA.- Los empleados estatales bonaerenses que se jubilaron entre abril de 2002 y junio de 2005 no cobrarán el denominado "premio jubilatorio", suspendido una vez que se declaró la ley de emergencia y fue aprobado el proyecto en diciembre pasado por la Legislatura provincial, luego de que el gobernador Daniel Scioli vetó la iniciativa, por recomendación del ministro de Economía Alejandro Arlía, con el argumento de la falta de disponibilidades financieras.

Para los trabajadores, "es indignante que quieran solucionar los problemas con nuestros bolsillos".

Los gremios afectados cuestionaron duramente a la administración de Scioli. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, dijo a LA NACION que "al Gobierno no le alcanza con los descuentos por huelga, que es un derecho legítimo de los trabajadores, sino que ahora toma una decisión desconociendo lo que aprobó la Legislatura a fines del año pasado". Según se pudo saber, sólo en el sector de Educación se verían afectados aproximadamente 3000 empleados estatales.

La disposición se hizo efectiva luego de que el ministro Arlía le indicó al Ejecutivo provincial que existían "cuestiones técnicas" que impedían el pago correspondiente, dijo una fuente de la cartera económica. Una de ellas decía que la ley 12.867 indicaba explícitamente que las erogaciones adeudadas de ese período, a causa de la promulgación de la ley de emergencia, debían imputarse al presupuesto 2007 y no al de 2010. El texto del veto, que el Ejecutivo hizo llegar ayer a la Cámara de Senadores, añade que "no existen, para los ejercicios 2009-2010, previsiones ni disponibilidades financieras con las que sufragar el eventual gasto que la misma pudiera llegar a demandar".

Además, fundamenta que el Estado "no posee datos sobre potenciales beneficiarios que posibiliten cuantificar presupuestaria y económicamente el impacto de la medida". Estos informes, añadió la fuente del Ministerio, deberían haber sido facilitados por las comisiones de Presupuesto y Previsión de la Cámara de Diputados. La retribución especial por egreso consta de seis meses de sueldo adicionales para los empleados y docentes que cesaron su actividad luego de 30 años y de cuatro meses para quienes trabajaron 20 años. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció, a través de un comunicado en su página, que "el gobernador «pisotea» las paritarias".

El responsable de la educación provincial, Mario Oporto, también hizo referencia al problema y dijo que "la ley que restituía esas retribuciones especiales se sancionó en un momento que no era el adecuado, porque en la actualidad aún no hemos podido salir de esta gran crisis donde estamos pensando en poder cumplir cada mes con los salarios, donde tenemos deudas con los proveedores y estamos pensando en aumentos salariales".

El texto del veto también señala que la instrumentación del proyecto "colisionaría con los esfuerzos que en materia de contención de gasto viene efectuando la provincia".

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