Scioli reglamentó la ley que convierte a Lezama en el municipio Nº 135

El gobernador finalmente promulgó la norma que la Legislatura había convertido en ley el pasado 22 de diciembre en medio de una polémica que aún continúa en Chascomús. Además se creó una comisión bicameral para hacer un seguimiento del estado financiero de ambos distritos.
El conflicto entre Lezama y Chascomús tuvo probablemente su epílogo esta mañana, cuando en el Boletín Oficial de la provincia salió publicada la ley que divide a ambos distritos.

El pasado 22 de diciembre, la Cámara de Diputados de la provincia había convertido en ley el proyecto que le daba la autonomía a Lezama, que pasó a ser el municipio número 135 de Buenos Aires.

Pero aún restaba que el gobernador la reglamentara e incluso los chascomunenses especularon con la posibilidad de que no lo hiciera por las presiones de unas 60 localidades que ahora intentarán separarse de los partidos a los cuales pertenecen.

Sin embargo, la pluma de Daniel Scioli dio por tierra con esas versiones y publicó en el Boletín Oficial la ley nº 14.087, por lo que Lezama se separó de Chascomús tras más de 100 años de ser parte del municipio perteneciente a la quinta sección electoral.

Según la norma, las autoridades de Lezama surgirán del "primer acto eleccionario" posterior a la promulgación de la ley, es decir, tras los comicios de 2011.

En su artículo tercero, la ley aclara que "en el caso de que este acto eleccionario resulte ser el de renovación de autoridades legislativas, el Intendente electo durará dos años en sus funciones, y se sorteará la mitad de la nómina de concejales electos, cuyo mandato también durará dos años, a fin de hacer coincidir luego el cronograma electoral general de la Provincia de Buenos Aires".

Por otra parte, la ley contempla la creación de una comisión bicameral que tendrá la función de hacer un seguimiento de las medidas financieras que deben adoptar los dos distritos, "en particular el control de las transferencias que establezca el Poder Ejecutivo Provincial, la vigencia de los contratos y convenios suscriptos, el régimen de cancelación de deudas y créditos previsto, y el seguimiento de la evolución y de la situación de los partidos involucrados".

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