Scioli prometió beneficios a puertos privados y ratificó el impuestazo, que hoy será ley

El gobernador accedió a no cobrar el canon a los puertos privados, pero ignoró los reclamos del campo y los sindicatos. Habrá más protestas en el interior y amenazan con cortes de ruta
En tiempo de descuento, tras varias reuniones que encabezaron sus ministros con industriales y consorcios de los puertos provinciales, el gobernador Daniel Scioli ratificó ayer el impuestazo por el que busca más de $ 1.100 millones extra de recaudación anual y solo accedió a eximir a los puertos privados del canon a la carga y descarga de mercaderías propias.

Esa única modificación a la resistida reforma fiscal fue comunicada por la Unión Industrial bonaerense (Uipba), luego de que su secretario Pablo Challú se reuniera con el ministro de Producción, Martín Ferrer, y el director de Arba, Rafael Perelmiter. Según el industrial, la decisión del gobierno bonaerense se constituye en un paso adelante, que beneficiará a 9 puertos provinciales por los que egresa la mayor producción industrial de Buenos Aires.

Sin embargo, como informó ayer El Cronista, la promesa oficial no implica cambios directos en el impuestazo que el Senado se apresta hoy a convertir en ley. La intención oficial es evitar cualquier demora en la sanción de la normativa, a fin de poder ponerla en marcha, y comenzar a recaudar, el próximo 1º de octubre. Por eso, se explicó, el acuerdo con la Uipba será plasmado a través de un dictamen de interpretación y precisión de la norma.

El resto de los resistidos incrementos de impuestos (Inmobiliario Rural y mejoras en los campos; ingresos brutos a la actividad agropecuaria; creación del tributo a la herencia; alza de Patentes y el canon para las operaciones de exportación e importación para los que no tengan terminales propias quedarán tal cual se estableció en el proyecto de Scioli.

Con ese sabor amargo, se fueron ayer de La Plata los dirigentes rurales que buscaron convencer a los senadores oficialistas de abrir un espacio de diálogo para consensuar cambios a la normativa. "Nos explicaron que entendían nuestra postura, pero que tenían que sacar la Ley y que, después, se podían ver modificaciones", expusieron desde la mesa de enlace provincial, que integran Federación Agraria (FAA), Coninagro, Sociedad Rural y Carbap.

Las entidades se reunirán hoy o mañana para definir las nuevas acciones de lucha contra el impuestazo que, dicen, paralizará de manera total a la ya golpeada economía provincial. En tanto, los portuarios amenazaron con arrancar hoy mismo con cortes de ruta (ver aparte).

Los ruralistas, encabezados por los presidentes de FAA, Eduardo Buzzi, y de CRA, Mario Llambías, se reunieron con senadores de la oposición (GEN y ARI por la Coalición Cívica, UCR y el PJ disidente) y luego con el bloque del Frente para la Victoria, que encabeza Osvaldo Goicoechea, mientras algunas decenas de productores, con dos terneritos holando como representación agropecuaria, se concentraron a las puertas de la Legislatura y, mientras esperaban la salida de los dirigentes rurales, se movilizaron hasta la Gobernación.

Para ir a la Legislatura, los ruralistas dejaron plantado al ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, porque los convocó de manera informal y no a todas las entidades representativas.

No obstante, el funcionario insistió en su disposición al diálogo y volvió a recomendar a los ruralistas que es tiempo de dejar de lado las protestas.

Por su parte, Scioli, al defender su reforma fiscal, enfatizó que la mayoría de los productores rurales quedará fuera de las alzas de impuestos.

Y puntualizó: "Con el campo fui claro y dije que iba a reclamar y pelear para que tengan respuestas concretas y lo cumplí", remarcó en referencia a los 20 centavos de compensación que reciben los tamberos o el reintegro a las retenciones para las exportaciones de trigo y maíz. Pero, recalcó que el sector agropecuario "tiene que buscar cierta adecuación a la realidad en el sentido de la distancia enorme que hay entre el valor fiscal y el de mercado de los campos".

A eso, Perelmiter sumó como "un hecho inédito e histórico que 7 millones de hectáreas, afectadas por la sequía, sea eximidos del impuesto inmobiliario".

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