Scioli podrá usar fondos jubilatorios

El máximo tribunal provincial le otorgó una autorización provisional hasta tanto se expida sobre la constitucionalidad de la medida
LA PLATA.- En una medida provisional, la Suprema Corte bonaerense habilitó al gobierno de Daniel Scioli a disponer del superávit del Instituto de Previsión Social (IPS) para aplicarlo a gastos comunes de la provincia hasta tanto el alto tribunal bonaerense se expida sobre la constitucionalidad de la medida.

La Corte rechazó, de este modo, un amparo solicitado por la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip) y el Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la Provincia (Cemurpo) desde donde se pidió la anulación de la norma -incluida en la ley de presupuesto provincial- que legitimó el uso del dinero del organismo que administra los aportes jubilatorios de los empleados públicos bonaerenses.

La polémica medida, que es cuestionada por la mayoría de los gremios de estatales, prevé que el Ejecutivo use $ 1600 millones excedentes y establece su devolución a través de la emisión de letras de tesorería en favor del IPS pagando un interés del 8% anual.

Para los jueces Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lázzari y Daniel Soria, en el caso "no se advierte" que se den las dos condiciones básicas para el dictado de una medida cautelar que suspenda "preventivamente" la vigencia de una norma.

Los magistrados creen que "no está suficientemente expuesto ni acreditado el peligro en la demora" del dictado de una sentencia sobre la cuestión de fondo.

Además, señalaron la necesidad de "estrictez" a la hora de decidir sobre la suspensión de leyes y, mucho más en este caso, ya que es la ley de presupuesto la que incluyó el permiso de la Legislatura provincial para realizar la operación con los fondos de los jubilados.

Asimismo dejaron en claro que resolver la cuestión de fondo -esto es, la constitucionalidad de la medida- demandará tiempo.

Los magistrados sostuvieron que "requiere un pormenorizado y detenido análisis de la real incidencia de la medida adoptada en la ley de presupuesto vigente sobre los fondos pertenecientes a los organismos de la seguridad social, lo cual, en cualquier caso, precisa un mayor caudal de elementos de valoración, que únicamente podrán ser integrados a este proceso como resultado de su propio desarrollo, ampliando el debate y acumulando información imprescindible para efectuar un juicio razonado sobre bases sólidas".

Según la Corte, debe destacarse, además, que "está vigente desde hace tiempo una norma que, además de garantizar con fondos provinciales el pago de las prestaciones del IPS, autoriza al Poder Ejecutivo a emitir letras de tesorería que deberán ser entregadas al citado organismo, a partir de los excedentes financieros que genere su operatoria, y a la que la norma aquí impugnada agregó un párrafo que garantiza una tasa mínima de interés y la posibilidad de cancelación anticipada de las mismas".

En su presentación, las entidades habían sostenido que al usar los fondos jubilatorios se produce un "menoscabo y alteración del concepto y rango de autonomía, establecido por el constituyente para los organismos de la Seguridad Social, al confundir los fondos y gastos previsionales con los recursos y gastos de la hacienda provincial y disponer que los resultados positivos de las instituciones de previsión social se constituyan compulsivamente en fuentes de financiación del déficit de la provincia".

Autorización

En abril pasado, Scioli firmó un decreto autorizando a la Tesorería General de la provincia para emitir letras previsionales por $ 1600 millones para absorber los excedentes financieros del IPS. No obstante, el gobierno reconoció que, sin que estuviera zanjado el litigio judicial, ya había echado mano a más de 600 millones de pesos.

El ministro de Economía provincial, Alejandro Arlía, defendió la iniciativa oficial al explicar que "se trata de recursos excedentes y, lo más lógico, es colocarlos para que tengan rentabilidad", dijo.

Y acotó: "Hay un decreto de 2000 que autorizó el uso de los fondos hasta 730 millones de pesos. Se pagó una tasa bajísima que fluctuó entre el 0,35 y el 1,8 por ciento y no conocemos el destino de los fondos. Ahora este gobierno fue a la Legislatura y pidió en el presupuesto la autorización para emitir letras provisionales a una tasa de interés del 8 por ciento".

Ayer, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Juárez, uno de los principales opositores a la medida, consideró que en los próximos años la utilización de los recursos del IPS generará un desfinanciamiento en el organismo "que pondrá en riesgo el ingreso de los jubilados".

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