Scioli, investigado por los gastos de su candidatura

La Justicia aceptó indagar si las "excesivas" erogaciones del postulante testimonial a diputado afectaron las maltrechas finanzas de la Provincia.
La Justicia abrió una investigación para saber si el gobernador bonaerense Daniel Scioli incurrió en los delitos de "malversación de caudales públicos", "administración fraudulenta" y "violación de los deberes de funcionario público" durante la campaña electoral.

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid recibió una denuncia para conocer si los "excesivos gastos en publicidad" durante la campaña a la candidatura testimonial de Scioli pudieron haber perjudicado las finanzas de la provincia de Buenos Aires, indicaron a DyN fuentes judiciales.

La investigación también alcanzaría a otros funcionarios, como el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, por el supuesto reparto de dinero durante junio a los municipios y una suba en los gastos de publicidad e imprenta.

Radicada por el abogado Enrique Piragini, la denuncia pide analizar "al gobernador de la provincia, sus cómplices, partícipes y encubridores, con motivo de los excesivos gastos en publicidad, en especial durante la campaña proselitista previa a las elecciones legislativas del pasado 28 de junio".

Según esa acusación, con esos gastos se agravó "aún más la de por sí crítica situación económico-financiera que reconoce la provincia de Buenos Aires", con el "mayor déficit provincial del país".

En rigor, la denuncia pide investigar los detalles de una nota aparecida el fin de semana pasado en el diario Perfil, donde se dice que, en base a fuentes de la Contaduría provincial, Scioli "gastó en campaña el presupuesto de cinco meses y forzó las cuentas".

La Justicia ahora deberá determinar si, tal como trascendió, "a través del Fondo Permanente de Desarrollo Municipal, por el cual se envía efectivo a los distritos bonaerenses", en los primeros "cinco meses se giraron $ 5.165.940,48 y sólo durante junio se remitieron $ 7,8 millones".

Además de cuestionar los gastos de publicidad, la denuncia apunta a los gastos de aeronavegación por las "maratónicas visitas" a la provincia durante la campaña electoral.

"Asumo el rol de querellante no sólo como ciudadano sino también en aras del interés difuso sito en el artículo 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población", dijo el abogado Piragini que ya fue citado a ratificar la denuncia, añadieron las fuentes consultadas en la causa.

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