Scioli envíó un proyecto para modificar la ley de excarcelaciones: “Que los delincuentes entren a la cárcel, y no salgan”

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, firmó y envió a la Legislatura un proyecto para modificar la ley que limita las excarcelaciones por tenencia ilegal de arma de fuego, luego de que la Suprema Corte provincial suspendió por inconstitucional la aplicación de la norma sancionada el año pasado.
El mandatario provincial firmó y envió a la Legislatura un proyecto para modificar la ley que limita las excarcelaciones por tenencia ilegal de arma de fuego.

Tras el anuncio, Scioli dijo que "buscamos con el Poder Legislativo readecuar la legislación vigente a la realidad, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan".

Asimismo, indicó que "como Estado, tenemos la obligación de buscar los mecanismos para desalentar a nuestra sociedad, porque sin armas, hay paz; sin armas, no hay violencia".

El mandatario remitió además otra iniciativa legislativa para desalentar el uso de armamento en la provincia que incluye, entre otros puntos, la obligación de secuestrar armas de fuego en los casos de violencia de género, amenazas y otros conflictos violentos.

Ese mismo proyecto obliga a los comercios del rubro a estar inscriptos en un Registro Provincial, a que cada usuario realice una toma de muestra de "proyectil testigo" por cada arma y a que se proceda a la destrucción inmediata de armas secuestradas en procesos penales.

En tanto, según trascendió, la reforma sobre excarcelaciones incluirá retoques en la ley que fue aprobada a finales de 2012, puntualmente en el apartado que establece que "en ningún caso" se excarcelará al portador del arma, permitiendo al juez decidirlo.

La ley de excarcelaciones fue impulsada por Scioli y sancionada por la Legislatura el 13 de diciembre pasado, pero antes de ponerse en funcionamiento quedó suspendida por la Suprema Corte tras una demanda de inconstitucionalidad de organismos defensores de los derechos humanos.

El máximo tribunal avaló la presentación de la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmando que la ley, "prima facie, resulta contraria a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales".

La reforma establecía un cambio en el artículo 171 del Código Procesal Penal de la provincia, instituyendo que "en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación".

Tampoco concedía el beneficio "en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre" y cuando "el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento".

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