Scioli se comprometió a rever el impuestazo portuario, pero...

Pese a la decisión del gobernador Daniel Scioli de rever el cuestionado "impuestazo" portuario, los ánimos en la terminal local no son los mejores. La Intersindical Portuaria resolvió mantener el paro que vienen llevando a cabo desde la semana pasada, a la espera de lo que pueda surgir el próximo lunes, cuando funcionarios bonaerenses reciban a representantes de los consorcios portuarios de la provincia.
El mandatario se reunió esta mañana con la mesa de enlace agropecuaria provincial y se comprometió a revisar las dos medidas que podrían afectar la producción rural: el incremento a los impuestos inmobiliarios de los campos (los distritos del Sudoeste, entre ellos Bahía Blanca, fueron exceptuados por la sequía) y las subas a las cargas y descargas portuarias.

Sin embargo, no todo es tan bueno como parece. Según explicó a nuestro diario digital el abogado de la Cámara Portuaria, Miguel Donadío, el mandatario se comprometió a vetar el cuestionado art. 26 de la reforma tributaria, a cambio de manejar el 30% del presupuesto de los puertos de la provincia.

"Es una medida totalmente inaceptable por su ilegalidad y porque viola la autonomía portuaria", sostuvo.

Por su parte, el dirigente gremial Emiliano Osores, informó que mantendrán la medida de fuerza, aunque aclaró que no perjudicarán el desarrollo de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino.

Adelantó además que el próximo lunes endurecerán su postura ante las autoridades bonaerenses y, en caso de no lograr un acuerdo, tomarán medidas más firmes.

"Que el ajuste lo haga la política, no el pueblo"

Mediante un comunicado de prensa, la Intersindical Portuaria exhortó "urgentemente" a todos los poderes públicos de la Nación, Provincia y Municipio a que tomen con máxima seriedad, responsabilidad y respeto el problema portuario.

Asimismo, reclamaron "que el ajuste lo haga la política, no el pueblo". Y consideraron que las medidas adoptadas por el Gobernador y los Legisladores bonaerenses resultan "contradictorias con el mandato popular" y "dañosas para la economía doméstica".

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