Scioli y Codere, unidos en un oscuro negocio

Scioli y Codere, unidos en un oscuro negocio
La empresa española, principal operadora del juego en la Provincia, no llegó a un acuerdo con sus acreedores y agudiza su crisis. ¿Fondos buitres podrían quedarse con los bingos bonaerenses? El gobierno sciolista no interviene
La situación de la empresa española Codere, la principal operadora del multimillonario negocio del juego en la Provincia, va de mal en peor en Europa. La semana pasada se conoció que la compañía no llegó a un acuerdo con sus acreedores, por una deuda impaga de 127 millones de euros, algo así como 1.432. millones de pesos.

Acto seguido, ayer se informó que cinco filiales del grupo español -Codere America, Conder, Nidiem, Codere Internacional y Codere Internacional Dos- solicitaron el pre concurso de acreedores. Lo mismo había hecho la casa matriz el pasado 2 de enero.

Según trascendió, en las últimas semanas, gran parte de la deuda de Codere está en manos de fondos buitres. En otras palabras, existe la posibilidad cierta de que estos fondos puedan quedarse con los 14 bingos que tiene el grupo español en la Provincia, siendo que estos locales constituyen el principal activo que hoy por hoy tiene la firma ibérica. En territorio bonaerense, por falta de controles y favores otorgados por el poder político, Codere obtiene más ingresos en euros en comparación con otros países donde opera como México, Italia, Colombia, Uruguay, Panamá y España.

En este escenario, tal como lo viene informando Hoy, la compañía española está avanzando en su plan de reducción de personal en la Provincia, a través de despidos forzados y retiros voluntarios. En otras palabras, busca hacerles pagar a sus trabajadores la crisis que afronta en el exterior y que estuvo originada, básicamente, en movimientos financieros y operaciones realizadas, en muchos casos, en países que son considerados paraísos fiscales.

La ley española establece, al igual que la normativa que existe en nuestro país, que una vez realizada la convocatoria de acreedores, ante situaciones de insolvencia, se pueda cubrir las deudas con los bienes de las empresas. De ahí la posibilidad de que los fondos buitres terminen haciéndose con parte del negocio del juego en territorio bonaerense, con los riesgos que ello implica. Algunos de los buitres que tendrían títulos de Codere son Canyon Capital Finance y GSO Special Situations Fund, así como su matriz Blackstone. Esta última estaría vinculada con el financiamiento de las empresas que busca petróleo en las Islas Malvinas, en clara violación a la soberanía nacional.

Más crisis, más juego

Está demostrado que en épocas de crisis económica, como la que se está registrando en la Argentina, el negocio del juego crece de forma exponencial ya que aumenta el número de personas que, en su desesperación por salvarse económicamente, apuestan a todo o nada.

Ahora bien, las tragamonedas poco tienen de azarosas. Son juegos programados para hacer perder, lo que implica que la mayoría de los apostadores terminan con los bolsillos esquilmados. De ahí que, en los últimos años, haya aumentado sideralmente la cantidad de personas, endeudadas por el juego, que terminaron suicidándose.

Asimismo, las tragamonedas generan ingresos multimillonarios que, en muchos casos, superan el presupuesto asignado a áreas estratégicas del Estado bonaerense. En ese contexto, y teniendo en cuenta que el Instituto de Loterías y Casinos es el órgano de aplicación de las normas para regular el juego en la Provincia, llama la atención que el gobierno de Daniel Scioli no haya intervenido en la crisis, haciendo cumplir con lo dictamina la constitución bonaerense, cuyo artículo 37 establece: “Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley. La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”.

En caso de estatizar las tragamonedas, con el dinero que genera el juego, que en su gran mayoría termina en las arcas de un puñado de amigos del poder, la Provincia podría hacer frente a varias de sus más acuciantes necesidades, como por ejemplo el aumento salarial de los estatales (ver aparte).

Privatización

Desde el gobierno de Eduardo Duhalde, que le abrió las puertas a las tragamonedas, el juego en la provincia está privatizado, utilizando co-mo pantalla supuestas organizaciones sin fines de lucro que -en su mayoría- son cáscaras vacías. También hay clubes de futbol profesional que facturan cifras millonaria en concepto de derechos televisivos, pases de jugadores, etc.

Todo este turbio entramado, habría servido para que, durante años, el puñado de gerenciadores que controlan las tragamonedas se convirtieran en aportantes de lo que sería una de las principales cajas oscuras de la política. A cambio, los beneficios son escandalosos: las salas de juego están abiertas las 24 horas, no pagan tasas municipales y hasta el año pasado pudieron no cumplir con la norma antitabaco, normativa que empezó a ser violada sistemáticamente al permitir que en las salas funciones clubes de fumadores. A ello se le suma que el sistema de control on line de las tragamonedas hace agua por todos lados.

Tragamonedas: fondos para dar mejoras salariales

Por cada punto porcentual de aumento salarial que otorgue la provincia, el gobierno bonaerense deberá conseguir $800 millones que hoy no están en las arcas estatales.

Según el último balance de Codere, cada máquina tragamoneda tiene una recaudación media diaria de 246,8 euros. Como las salas de juego están abiertas los 365 días del año, y teniendo en cuenta que en toda la Provincia hay más de 21 mil tragamonedas en los bingos, el conjunto de las maquinitas bonaerenses generan ingresos por más de 1.885 millones de euros, que al tipo de cambio actual (oficial) representa más de 21 mil millones de pesos. Es decir, solo con esos recursos, si la Provincia tomara el control de los 44 bingos que existen en la Provincia, y eliminara a los intermediarios, alcanzaría para pagar un 26 por ciento de aumento salarial a todos los docentes y empleados públicos.

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