Scioli ante el examen más complejo

La opinión de sectores de la derecha que apuestan a la mano dura. Una opinión presidencial que no fue del todo grata, la oposición de ministros de Corte Suprema de la Nación y de distintos sectores sociales que apoyan la minoridad desprotegida. Demasiado poco fue el apoyo a la propuesta de Daniel Scioli de bajar la imputabilidad a 14 años como la gran receta para niveles ínfimos de inseguridad.
Es cierto que cobro fuerza el valor argumentativo que quiso darle durante la semana a esta propuesta. Estadísticas que dan cuenta del crecimiento de número de casos de delitos (sobre todo, contra la propiedad) con respecto a dos o tres años atrás. Desde ese punto de vista se construyó entonces el silogismo “cómo creció el número de delitos con menores de edad entonces bajemos al edad de imputabilidad”. .

Sin embargo, la batería de contra argumentación salió con todo a señalar que encarcelar a los menores es ir a los efectos mismos de una serie de factores de abandono en la cual fueron insuficientes las políticas generadas desde el estado y por la distracción de una sociedad ante el avance del paco y la deserción escolar en el conurbano. La sedimentación de medio millón de jóvenes que no estudian ni trabajan seguramente no vino de un repollo. Sin estigmatizar, es posible, dicen que haya allí un caldo de cultivo para la inseguridad.

Desde que la Jueza de la Corte de Nación, Carmen Argibay señaló que se perciben ahora los efectos de la falta de atención y educación y ese triste panorama tiene a los mayores como responsables en una suerte de desidia colectiva.

Más irónico estuvo por ejemplo algún dirigente del escenario nacional como Jorge Ceballos quien señaló que “si seguimos así van a querer poner esposas en las incubadoras”.

Desde la Coalición Cívica también respondieron con la historia reciente al relacionar la propuesta de Scioli con las épocas de su antecesor Carlos Ruckauf y la mano dura. Calificando de “declaraciones oportunistas y demagógicas” las vertidas por el mandatario. “Con los pibes no se jode”, remató el presidente de la bancada de diputados, Jaime Linares, aludiendo a un popular slogan de gestión del gobernador.

Más allá de las frases de un lado y del otro, están los hechos referidos a la presentación del proyecto ante al Congreso de la Nación, que es donde se debaten estas cuestiones de derecho de fondo. Scioli arriesgará su imagen como peticionante porque tendrá que denunciar la convención de los derechos del niño, cuya incorporación a la constitución se aprobó en 1994. ¿Habrá muchos legisladores empeñados en apoyarlo en esta empresa? ¿Cómo quedará ante la opinión pública un eventual rechazo de ese pedido? La respuesta ofrece una disyuntiva entre un fracaso político personal o su consolidación como reserva de una política agresiva en materia de seguridad compitiendo su el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. De todas maneras, el viraje hacia la derecha del gobernador Scioli ya no tiene reversa.

Para colmo, además de los reproches por una política no progresista en materia de mnoridad, sufrió un gran revés con el fallo del juez contencioso platense Federico Arias, quien directamente prohibió que en el radio de todo el departamento judicial La Plata, que comprende a unos doce distritos, se detenga a menores de 18 años por averiguación de antecedentes.

Sonó a un acto de rebeldía, pero también a una señal de institucionalización de una postura que no tiene marketing, pero parece funcionar como un discurso que pretende instalarse en una etapa de coyuntura en la cual la solución automática quiere volver al escenario mayor.

La inseguridad nunca dejó de ser una prioridad. Pero muchas veces lo fue en el debate entre oficialismo y oposición. En territorio bonaerense terminó de politizarse cerca de finales de la década del noventa con la intervención civil policial. Al parecer, el entonces gobernador Eduardo Duhalde sufrió algún voto castigo de sectores medios y altos del conurbano por la problemática de la delincuencia.

Se probaron varias alternativas. Tantas que cuesta creer en alguna propuesta original que permita captar la atención de la opinión pública. Se dividió la bonaerense, luego se reunificó, se impuso el sistema de cuadrícula en algunas departamentales, un sistema de patrullajes con respuestas rápidas, se recurrió a la asistencia de Gendarmería, se apostó a la prevención para algunos delitos. Pero todo resultó cíclico y poco duradero para garantizar cierta tranquilidad en épocas preelectorales.

Siempre existió discusión en torno a si lo social era una variable independiente por sobre la inseguridad. Hace algunos años que esa duda parece haberse disipado.

Los crímenes son cada vez más violentos y aberrantes. Para colmo las estadísticas volcadas para argumentar la baja de edad en la imputabilidad parecieron echar leña al fuego en cuanto a la construcción de sensación de inseguridad y de vulnerabilidad.

Mientras tanto, Scioli apuró decisiones y tuvo una serie de encuentros para encarar de lleno una lucha contra la delincuencia. Organizó algunas minicumbres para toma de decisiones y prometió más patrulleros. También sembró expectativas con algunas recetas traídas de Colombia, un país que cuenta con otro escenario distinto. Algunas propuestas fueron criticadas por la posibilidad de que se violenten garantías básicas del ciudadano.

En las últimas horas, Scioli reafirmó enérgicamente su vocación de enfrentar al delito "con todas las herramientas de la Ley y el respeto de los derechos humanos" y dijo que para seguir adelante en esta línea avanzará en la articulación de los principales exponentes de los tres poderes del Estado. Esto lo dijo, tras formalizar la entrega de 32 patrulleros al municipio de Florencio Varela, la primera partida de los 1800 móviles que se destinarán en la provincia de Buenos Aires, el gobernador aseguró que la inseguridad lo "preocupa y ocupa, desde lo humano y lo institucional". Los bonaerenses que conocen al detalle los comentarios de la realidad y la expresión de buenos deseos, esperan tal vez la concreción de algunos resultados que lleguen directamente a sus cinco sentidos.

Lo cierto es que de la inseguridad ya se viene hablando desde hace muchos años, más de una década, como una materia de gestión pendiente. Desde 1997 se vienen hablando de planes a largo plazo consensuados. Lejos de aplicar un programa uniforme y continuo, se cambió de planes y políticas algunas ubicadas en las antípodas de las anteriores.

No se pueden apreciar resultados de una política de cambio estructural, más allá de las buenas intenciones. Parece que los bonaerenses se tendrán que acostumbrar a seguir detrás de los estridentes anuncios con la esperanza de percibir al menos algunos resultados que, milagrosamente, puedan provocar un cambio de fondo en el paisaje y, como decía un ex gobernador, no acostumbrarse a él. (www.agencianova.com)

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