Al respecto, se supo que Garganta pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) información sobre los pasajeros de más de 120 vuelos de cabotaje que realizó el ex gobernador Daniel Scioli, en su mayoría durante la campaña presidencial.

"Habría pasajeros que figuran en la lista de los vuelos oficiales y que también figurarían en los vuelos contratados", explicó Garganta y sostuvo que "en los vuelos contratados, para poder ser contratados deben ir 8 pasajeros, sino no se puede contratar".

Una fuente de la investigación explicó que "de constatarse que Scioli usaba los vuelos oficiales para uso privado se estaría ante el delito de malversación de fondos públicos; si se confirma que se incluía en listas de pasajeros de los vuelos comerciales de la empresa de taxis aéreos de Gustavo Carmona personas que en realidad no viajaron, pero debían figurar para que se autorice la contratación, se estaría ante el delito de defraudación".

Con esa hipótesis, la Fiscalía Nº 11 de La Plata también requerirá información sobre el destino de los vuelos, a fin de chequear si se trató de vuelos propios de la gestión o de índole privada.

Hay que recordar que el mismo fiscal investiga por presunto "fraude a la administración" al ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, por la presunta autorización de "gastos extrapresupuestarios sospechados de falsedad" durante la gestión de Scioli como gobernador.

Las órdenes de pago que figuran en los expedientes fueron solicitadas por Walter Carbone, subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete y autorizadas por Pérez.

Y en un allanamiento que se llevó a cabo en septiembre pasado en el marco de esta causa, se halló en una propiedad que Carbone posee en el barrio cerrado de ‘Abril’ la escultura de un dragón que en su interior contenía una caja fuerte.

En estas resoluciones se detectaron gastos de casi siete millones de pesos que se destinaron para actividades que iban desde una "Mesa de Diálogo Político" hasta la "Capacitación para delegados distritales" o la "Discusión sobre el Nuevo Código Civil".

En la fiscalía se cree que estos fondos fueron "disimulados en los expedientes" y finalmente destinados a la campaña política presidencial del entonces gobernador Daniel Scioli.