Scilingo pidió en España reducir su sentencia de 1.084 años de cárcel

Scilingo pidió en España reducir su sentencia de 1.084 años de cárcel
El ex marino fue acuasdo por la Audiencia Nacional por su participación en los "vuelos de la muerte". Ahora argumenta que fue "engañado" y que recibió obsequios de abogados y políticos para autoincriminarse.
Un año y medio después de ser condenado por la justicia española a más de mil años de cárcel, el represor Adolfo Scilingo presentó ante el Tribunal Supremo de ese país un recurso para que revea la pena. Argumentó que durante el juicio se autoinculpó en los denominados “vuelos de la muerte” que se realizaron durante la última dictadura, porque fue “engañado” por una parte de los abogados querellantes y dirigentes políticos de la Izquierda Unida local, que le hicieron regalos y pagos en efectivo.

“No es la primera vez que Scilingo lo plantea. Pero más allá de ser cierto que los abogados de Izquierda Unida lo visitaban en la cárcel y le depositaron dinero, ese hecho no tuvo implicancia en la pena. Antes de declarar en España, él ya había relatado en Argentina su participación en dos vuelos”, explicó a Crítica de la Argentina el abogado Carlos Slepoy, uno de los principales impulsores de los juicios contra represores argentinos en España. Antes de viajar a ese país y quedar detenido en 1997, Scilingo se autoincriminó en Argentina al relatar su participación en dos vuelos que en 1977 lanzaron al mar a 30 personas vivas. En esa época, era jefe de Electricidad y Automotores de la ESMA, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura.

En el escrito que su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, presentó el viernes ante el mismo tribunal que en 2007 le elevó la pena de 640 a 1.084 años de prisión, explica que hubo falsedad en el testimonio a causa “del acuerdo tácito que materializó con parte de las acusaciones por medio de prebendas como regalos y dinero, cartas y visitas”. En su presentación, también involucra al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien acusa de “necesitar a alguien que mantuviera vivo el sumario y aportara posibles pruebas de cargo”. Y resume: “Scilingo fue la pieza que se consiguió a base engaños”.

El 19 de abril de 2005, en un proceso histórico, la Audiencia Nacional condenó a Scilingo a 640 años, en la primera resolución que se dictó en España por delitos de lesa humanidad. Dos años después, el Tribunal Superior sumó 444 años a aquella pena al considerarlo además de autor de 30 asesinatos, cómplice de 255 secuestros.

En España, para determinar los años de prisión, la Justicia suma la condena para cada delito. Sin embargo, esta modalidad no tiene consecuencias en lo real. El mismo tribunal estableció que el represor deberá estar tras las rejas, como máximo, 25 años. Una vez que haya cumplido las dos terceras partes de la condena, Scilingo podrá pedir su excarcelación. Algo que podría ocurrir pronto si se tiene en cuenta los casi diez años que lleva detenido.

En un intento de acortar los días que le quedan en la cárcel, Scilingo volvió a la carga con argumentos que ya había esgrimido tiempo atrás. “Yo dije un montón de disparates con el objetivo de que se investigara”, dijo en 2005 frente a los magistrados de la Audiencia. Sin embargo, la Justicia dio por probado los hechos que él mismo describió en detalle.

En el recurso de revisión presentado el viernes, Scilingo pide concretamente que se investiguen las cartas, depósitos y visitas que le hicieron los abogados y dirigentes de Izquierda Unida Enrique de Santiago, Isabelo Herrero y Juan Enrique Garcés.

Slepoy señaló que “una parte de los abogados consideró que Scilingo traía a España la verdad, por lo que era necesario protegerlo. Otro grupo sostuvimos siempre que había que ser inflexible y enviarlo a prisión, lo que finalmente ocurrió”.

AUDIENCIAS EN SUSPENSO POR PEDIDO FISCAL. El juicio contra cinco represores acusados por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en San Luis quedó suspendido por problemas de salud de uno de los procesados. Está previsto que las audiencias continúen mañana, cuando los jueces reciban el informe de la junta médica que hoy debe examinar a Víctor “El Japonés” Becerra, ex jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de San Luis. El abogado querellante Enrique Ponce consideró que “es inconcebible que la presentación venga de parte de la fiscalía cuando ni el propio defensor hizo planteo alguno”.

Desde que comenzó el juicio en octubre pasado, la salud de Becerra se ha ido deteriorando. El represor padece diabetes y una se sus piernas presenta un proceso de gangrena. Sin embargo, al inicio de las audiencias un médico forense de la Corte Suprema determinó que, más allá de su enfermedad física, sus capacidades mentales se encontraban intactas.

El jueves pasado fue la fiscal Olga Allende quien pidió que se suspenda el debate hasta que un informe médico defina el estado actual de Becerra. “Allende ya fue reprendida por la Procuración General cuando pidió que un ex desaparecido sea sometido a análisis psiquiátricos poniendo en duda su testimonio”, denunció Ponce.

La presencia de Becerra en el juicio es obligatoria sólo en la etapa de alegatos y sentencia. Es decir que el proceso podría seguir su curso normal, mientras esté en la sala su abogado defensor.

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