El jueves pasado, la Presidenta afirmó que los saqueos navideños fueron una versión desmejorada de los desbordes que desestabilizaron a Raúl Alfonsín y a Fernando de la Rúa. Pero, más allá de los discursos, ella tiene una versión más precisa del origen de la tormenta: el culpable sería el intendente de Bariloche, Omar Goye, que ganó las últimas elecciones como candidato del Frente para la Victoria.

El miércoles de la semana pasada, la Presidenta convocó al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al senador Miguel Ángel Pichetto y a Martín Soria, intendente de General Roca e hijo del gobernador que murió a manos de su esposa hace un año. Estaban Juan Manuel Abal Medina y Carlos Zannini, pero no Florencio Randazzo, a pesar de ser ministro del Interior.

En ese encuentro Cristina despotricó contra Goye -según una versión se habría referido a él como "gordo impresentable"- e indicó a Pichetto que estudie con Zannini la carta orgánica de Bariloche para promover su reemplazo. "Goye es inviable", fue el dictamen. Los hechos han confirmado estas informaciones, que ningún funcionario desmintió.

Cuando regresaron a Viedma, Weretilneck y Pichetto organizaron la defenestración de Goye. El gobernador lo citó para hoy a una reunión en la que, junto con Pichetto, le exigirá que renuncie. Al anticipar la entrevista, Weretilneck dijo que prefería no hablar de representatividad, "porque la representatividad la dan los votos".

Como otras veces, este dirigente del Frente Grande al que apadrinan Abal Medina y Nilda Garré se metió en un callejón verbal: Goye fue votado en octubre pasado en comicios que nadie cuestionó.

Los contertulios de la Presidenta filtraron las instrucciones recibidas a la prensa. Confiaron en que Goye, advertido de la orden, les facilitara la tarea. Tal vez no les importó que, si él no concurre al ajusticiamiento, la Presidenta quede desautorizada por el intendente de una ciudad de 100.000 habitantes.

El cerco sobre Goye se va ajustando. Luis Di Giacomo, ministro de Gobierno y psiquiatra de la viuda y homicida de Soria, reveló saber más que el fiscal que investiga los desmanes. Declaró que "hubo una acción desafortunada e irresponsable que coloca [a Goye] en el origen del problema". Según el ministro, "el intendente era blanco de presiones por parte de quienes ha conchabado para tareas municipales, que están en la organización de los saqueos".

A Di Giacomo se unió el ministro de Acción Social, Ernesto Paillalef. Militante del Movimiento Evita, llamado "el Indio" por su origen mapuche y su militancia a favor de los pueblos originarios, este funcionario representa a Alicia Kirchner, para la que trabajó antes de ser designado en el cargo. Paillalef cobró notoriedad cuando, horas después de los saqueos, se reunió con los líderes de la Cooperativa 1° de Mayo, que integra el plan Argentina Trabaja, que distribuye la cuñada de la Presidenta. Esos cooperativistas habían sido señalados como presuntos organizadores de los saqueos. Por esa razón, Weretilneck descalificó la entrevista al decir que su gobierno "no negocia con delincuentes". Pero ahora él y Paillalef están conjurados en la caída de Goye. El ministro dijo que "en Bariloche hay un vacío de poder y un intendente que se ha comportado con gran impericia". Mientras tanto, los dirigentes de la cooperativa acampan en el Centro Cívico a la espera de un subsidio.

Goye cometió varios pecados. Diez días antes de Navidad había exigido donaciones a los supermercadistas con el argumento de que "si no, va a haber saqueos". Pero la falla más grave fue posterior a los hechos: dijo que el gobierno nacional y el provincial habían desatendido la situación social de Bariloche.

Uno de los encargados de subir al voluminoso Goye al cadalso es Pichetto. Es el jefe político de la víctima, que le ofrece desde Bariloche su principal base para hacerse reelegir como senador y para arrebatarle la gobernación a Weretilneck en 2015. Pichetto debe olvidar estos servicios. La Presidenta lo puso en apuros. "Tienen que disciplinar a todo el Frente, ¿o quieren que repita lo que hizo Néstor y apoye a Miguel Saiz", le dijo la semana pasada. Saiz es un aliado al kirchnerismo, ex gobernador y jefe de la UCR.

Atados al destino de Goye se balancean, entonces, el futuro de Pichetto y el de la conducción de la bancada oficialista del Senado. Amado Boudou y Aníbal Fernández, los rivales de Pichetto en esa Cámara, se deleitan con la intriga rionegrina. También Oscar Parrilli, padrino del joven Soria.

El orden cerrado que pidió la Presidenta para Río Negro todavía no aparece. La diputada nacional Silvina García Larraburu, también del Frente para la Victoria, respaldó a Goye y acusó a Weretilneck de que "en Bariloche hubo 14 horas de zona liberada". Y agregó: "Yo misma le pedí al gobernador, en presencia de Pichetto, que hicieran algo en Bariloche porque la situación era un caldo de cultivo". Sigue Larraburu: "El otro día nos enteramos de que los 500 millones que anunció el gobernador para Bariloche no existen en el presupuesto". Además, advirtió que "lo que está en juego es el sistema político", ya que hubo "integrantes del Frente Grande que dijeron que Goye no llegaba a fin de mes". Larraburu está denunciando un golpe en Bariloche.

Las sospechas de Larraburu se extienden por todo el peronismo rionegrino: si cae Goye, Bariloche pasaría a ser gobernada por una concejal del Frente Grande, el partido de Weretilneck, que debería llamar a nuevas elecciones. Si el poder pasara a esa fuerza, Pichetto dejaría en manos del gobernador, su adversario, la plataforma más importante de su proyecto provincial.

Las declaraciones de esta diputada son significativas por más de una razón. Fueron realizadas en la emisora local de Radio Nacional, lo que revela una saludable independencia periodística en ese medio. Además, Larraburu es una estrechísima aliada de Pichetto, a quien aspira -o aspiraba- a acompañar en la fórmula para la senaduría nacional del año próximo. La diputada vive en Bariloche y está casada con Roberto Giglio, dueño de supermercados Todo, uno de los más castigados por los saqueos.

A Cristina Kirchner han de interesarle más los dichos del diputado provincial Roberto Vargas, quien defendió a Goye al decir que "hay compañeros que aprovechan la situación y se comportan como caranchos". Vargas es el secretario general del sindicato de gastronómicos, que en la escala nacional conduce Luis Barrionuevo. Su solidaridad con Goye es un aporte invalorable a la explicación que la Presidenta dio a la dirigencia de la provincia: en Bariloche se inició el complot organizado por Barrionuevo y Hugo Moyano del que hablan los partes de seguridad e inteligencia que ella consume. La capacidad de esos informes para corroborar los presentimientos de quien los solicita es siempre prodigiosa.

De todos modos, esas imputaciones tal vez sean contraproducentes: Antonio Caló, líder de la CGT Balcarce, se comunicó con Moyano y Barrionuevo para solidarizarse. Esa llamada puede ser la semilla de una reunión. También Daniel Scioli desligó a los gremialistas de toda responsabilidad. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin dar un solo nombre de los 500 detenidos de la provincia de Buenos Aires. Curiosa discreción de quien denuncia una conspiración.

El enredo rionegrino expone a los vecinos de Bariloche a una contradicción fastidiosa. La mañana del 8-N, horas antes del cacerolazo, la ciudad apareció empapelada con la leyenda "Con la democracia no se jode". La suscribía la liga Unidos y Organizados. Sin embargo, Cristina Kirchner, que viene denunciando movimientos destituyentes desde que llegó al poder, en 2007, aparece ahora al frente de una asonada contra un funcionario elegido por el pueblo. No debería extrañar la paradoja. Días atrás, cuando identificó el vandalismo navideño con el golpe blanco contra Fernando de la Rúa, no advirtió que ese 18 de brumario fue el punto de partida del defectuoso proceso institucional que, gracias al poder interino de Eduardo Duhalde y a la autoproscripción electoral del peronismo, puso a su marido en el poder..