El PAMI ha sido usado por diferentes gobiernos como una caja para sostener la política partidaria. Pero el kirchnerismo, en los últimos años, le dio una vuelta de tuerca ya que saqueó las arcas de la obra social, poniéndola al borde de la quiebra, para tapar agujeros fiscales y financiar la corrupción.

Ayer, el juez federal Claudio Bonadio se metió en la polémica, al dar continuidad a una causa que se sigue por irregularidades con los fondos públicos de la mayor obra social de Latinoamérica, y citó a indagatoria al titular del PAMI, Luciano Di Césare, al expresidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, y al exministro de Economía Hernán Lorenzino. El apetito insaciable por contar con dinero fresco y sonante, llevó al oficialismo a apelar a las cajas de distintos organismos públicos, llegando al extremo al pedirle al instituto de los jubilados distintos préstamos para financiar el erario nacional, lo que se encuentra investigando Bonadio por representar para muchos una clara violación a la ley.

Uso arbitrario

La investigación judicial se inició por una denuncia que presentó la exinterventora del organismo durante la gestión de Néstor Kirchner, la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien acusó a las autoridades nacionales de tomar ilegalmente fondos del PAMI que tendrían que haber ido a cubrir las carencias de sus afiliados.

En diálogo con Hoy, Ocaña afirmó que “la obra social es usada por el gobierno como caja política propia, como lo hizo por ejemplo Juan Carlos Alderete en la época menemista. Todo esto se hace para mantener la caja política de turno y no para darle un servicio y una prestación adecuada a la gente”.

Para la legisladora por Confianza Pública, “el del PAMI es uno de los presupuestos más importantes de la Argentina, el tercero en cuanto a presupuesto en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, entonces obviamente muchos de esos recursos se desvían para hacer política”.

“Durante mi gestión dejamos un fondo de garantía prestacional de casi mil millones de dólares, y hoy eso desapareció por completo. Yo entregué el PAMI con fondos líquidos en dólares, y hoy vemos que se usa el Estado no a favor de la gente, sino a favor del poder de turno, o lo que es más grave, a favor propio”, sentenció Ocaña.

Injerencia platense

En el medio de toda esta trama de corrupción e inacción oficial, aparece un abogado platense, Juan Manuel Prada, que se desempeñó como jefe de gabinete y mano derecha de Lorenzino en el ministerio de Economía.

Prada es un personaje que ha sabido reciclarse en lo más alto del poder, y ahora se encuentra trabajando junto a José “Pepe” Sbattella en la Unidad de Información Financiera (UIF), ocupando un lugar en el consejo asesor del organismo que debería dedicarse a combatir el lavado de dinero y que sólo se ha garantizado la impunidad K durante la última década. Según pudo conocer Hoy, este letrado es familiar directo del titular de la UIF e integrante del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) que creó Sbattella en los’90, y el cual tiene contratos con administraciones provinciales y municipales para realizar distintas clases de trabajos económicos.

Una actuación que está siendo investigada por la Justicia y que pone el acento en el manejo de los dineros públicos que se hace desde el Estado nacional y que ha elevado al máximo la destrucción del PAMI, vaciando el instituto y llevando adelante un indiscutible despojo de los dineros públicos, que ha tenido como consecuencia que cientos de miles de jubilados paguen con sus vidas la corrupción oficial. 

“En estos años hemos visto todo tipo de desguaces”

Por Eugenio Semino (Defensor de la Tercera Edad)

Especial para Hoy

 Hoy el PAMI vive un gran problema con las prestaciones, como por ejemplo el no estar suministrando la provisión de oxígeno a pacientes oxígeno dependientes, y la excusa que se da desde las empresas es que no se les paga en tiempo y forma desde el PAMI, y se les pretende cobrar a los pacientes, que la mayoría de ellos ganan la mínima, las cargas del tubo de oxígeno e incluso el alquiler del tubo: una locura.

En términos de la causa de Bonadio, se nos ha requerido presentar las actuaciones que marcan el déficit prestacional durante tres años, del 2011 al 2013, cosa que hicimos desde la Defensoría como un aporte a que no es dable que pueda sobrar plata en el organismo cuando falta plata para las prestaciones a los adultos mayores.

En estos últimos 12 años hemos visto todo tipo de desguace y de descontrol en el PAMI. Y esto se debe a la baja calidad institucional que vive la Argentina, que permite que se manejen como propios fondos que pertenecen a todos los jubilados y no a un partido político en particular.