En este punto no hay colores partidarios, como le gusta decir a Miguel Lunghi.  A todos los intendentes les gustaría tener una SAPEM.  Sean radicales, peronistas o vecinalistas.  Algunos ya las tienen y han demostrado sus resultados, buenos y malos.  ¿A qué gobernante no le gustaría evitar los meandros de la administración pública y manejarse como un privado entre los privados pero con la caja abultada y flexible de un Tesoro municipal? La respuesta: a todos.

Miguel Lunghi sabe lo que significa tener que buscar alternativas administrativas a los burocráticos senderos de la administración pública.  Los subsidios truchos en Desarrollo Social son un ejemplo de esas alternativas, por ejemplo.  Y le ha costado un frondoso expediente en la Justicia abonar con una herramienta pensada para indigentes los honorarios de un herrero, mecánico o los servicios de un privado.

Poder esquivar las licitaciones públicas y los controles de la oposición es una apetencia de todo jefe de Estado, sea del nivel que sea, sea del partido que sea.  Una SAPEM lo permitiría con enormes beneficios.  Por eso el Gobierno local ha preparado el escenario.

Por un lado, ha salido a informar que en apenas unos meses, la administración de CAMI a través de Usicom (otra SA que conduce un ejecutivo puesto por el Gobierno) ha reconvertido a la quebrada empresa de ambulancias en una empresa exitosa.  El ejemplo: “El Municipio puede ser un excelente administrador”.

Por otro lado, ha salido a explicar que el pretendido sistema del boleto electrónico exige una administración que no deba respetar los tiempos del Estado, sobre todo los tiempos de las transferencias de fondos.

El antecedente, primero.  Luego, la necesidad. Así el Gobierno de Miguel Lunghi ha construido la “oportunidad” de ir por la SAPEM, una sociedad anónima que no tendrá que homologar ningún contrato en el Concejo Deliberante ni acordar rentabilidades con los privados de la Usina (Cámara Empresaria).

El Gobierno no esconde los motivos por los que pretende esta nueva figura.  De alguna forma, sabe que existe un consenso social que le atribuye al Estado un inmovilismo ineficiente y a los privados una agilidad acorde a los tiempos.

No sólo no los esconde, sino que los explicita.  En su exposición al resto de los bloques detalló los beneficios de la nueva figura:

-“Posibilidad de contratación directa con el Municipio con prescindencia de los procesos de licitación”.

-“Mayor flexibilidad de contratación con terceros, en cuanto a las figuras contractuales a utilizar como al proceso de decisión y ejecución de la contratación”.

-“Sus empleados no son empleados municipales”.

-“Diversas posibilidades de acceso al crédito”.

-“Se desempeña en la práctica como cualquier empresa del sector privado”.

¿Claro no?  El Estado se cansa de ser Estado y quiere jugar con los tiempos del privado, pero con la espalda económica que ningún privado tiene.  Una empresa donde el control de la oposición apenas podrá elevarse al grado de la crítica mediática y en donde después de un tiempo hasta la población se olvidará de que esa empresa es manejada por un presidente o ejecutivo puesto por el Gobierno.

No se trata de una apetencia de Lunghi.  Es una apetencia de todo gobernante que pretende unificar en un solo “fasces” romano las varas de la autonomía y del poder político.  Como le gusta decir a Lunghi, no hay colores políticos en esto.  Todos quieren una SAPEM, el juguete que está haciendo furor en estos tiempos.