Sapag, Cristina, los mapuches: Neuquén más complicado

El conflicto en Neuquén pasa por si se respeta o no el derecho a la propiedad privada, como contra-cara evidente del derecho al "territorio ancestral". Pero la situación oficia como catalizador de un contexto más complejo, donde está en juego la relación que trabajosamente mantuvo el gobierno de Sapag con el de Cristina.
El creciente conflicto entre la Confederación Mapuche, los propietarios de campos en Neuquén, y el gobierno de Jorge Sapag, amenaza con convertirse en un catalizador político que sincerará posiciones entre un sector del oficialismo y otro de la oposición. Más aún: puede contribuir a romper definitivamente el plácido contexto de "coordinación" (o relaciones carnales) entre el gobierno de Sapag y el de Cristina Fernández.

El tema de la propiedad privada versus el "territorio ancestral" no es compatible siquiera para la "interculturalidad". Y en el profuso mar de los vericuetos semánticos cada vez hay menos lugar para las palabras y más para los hechos y la violencia que suelen provocar.

No es un detalle menor el hecho de que propietarios de campos se hayan convocado, tres centenares de enojados autoconvocados, en Aluminé para considerar lo que desde hace rato denuncian como usurpaciones y falta de respeto a la ley. Y tampoco es un detalle que las organizaciones mapuches, la CTA, los obreros de la ex Zanón, la izquierda neuquina, los universitarios, los secundarios, no hayan superado el millar y medio de manifestantes para protestar contra la "represión" en Quillén, último testimonio de usurpación y desalojo en territorio neuquino.

No es un detalle que un hermano del gobernador Jorge Sapag –Carlos Natalio, más conocido como Nuno- haya asumido por primera vez en más de 20 años un protagonismo público tan fuerte en un asunto que él y todos saben afecta (lo que no se sabe es si para bien o para mal) aspectos importantes de la gestión del actual mandatario.

"Nuno" tronó con palabras fuertes para defender la propiedad privada, y acusar al movimiento mapuche de tener relaciones directas con el más insurgente movimiento chileno, al que conectó además con las FARC colombianas y el chavismo, para sentenciar además lo que evidentemente muchos dan como una verdad, que todo está financiado por el narcoterrorismo.

Las relaciones familiares en la gran familia Sapag siempre han estado vinculadas al desarrollo político-empresario en Neuquén. Nadie puede desmentir esto. Así, la familia ha transitado por momentos de concordia absoluta y otros de asperezas tajantes. En estas situaciones, el límite entre lo privado y lo público siempre fue algo difuso. Lo privado, vale la pena aclararlo, se debe preservar porque no es de interés periodístico. Lo público sí lo es, y por eso vale la pequeña observación.

No es tampoco un detalle nimio que la renovada conducción del sindicato ceramista neuquino, que acaba de recibir en bandeja de plata la fábrica ex Zanon por decisión mayoritaria de la Legislatura, a instancias de un proyecto del propio gobernador Jorge Sapag, que instaló personalmente la figura de expropiación por avenimiento, interpreta –como fatalmente se sabía que ocurriría- este hecho como una victoria del proletariado.

"Le arrancamos la expropiación" al gobierno de Sapag, se afirmó en las últimas horas, para después sostener que el gobernador se "sacó la careta" y asumió su rol verdadero –que se le atribuye al MPN en su conjunto- que es el de ser socios del crimen del docente Carlos Fuentealba con Jorge Sobisch, es decir, parte de un partido político que ataca permanentemente la lucha social desde la "criminalización", como se hace, dicen, con los mapuches.

No es una ingenuidad, sino todo lo contrario, la presentación de la diputada Soledad Martínez, para que Neuquén adhiera a una ley nacional aprobada en el 2006, que dispone un relevamiento de territorios ancestrales (porque en definitiva de esto se trata), relevamiento comandado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un organismo creado para la "interculturalidad", en donde el gobierno provincial no puede meter baza, pero sí la Confederación Mapuche, que participa de su conducción.

Martínez, que es de Zapala, conoce perfectamente qué callos pisa cuando lanza esta chicana que sabe que el MPN rechazará de plano. Hasta debe saber la cantidad de miles de hectáreas que pone en juego.

Completa el panorama, y esto tampoco es ningún detalle, la "traición" –por respetar "intereses superiores"- de la propia presidente Cristina Fernández al sapagismo en el gobierno, cuando mete en el mismo impiadoso veto que le propinó al sector agropecuario en conflicto, a la ayuda para damnificados por el temporal y la sequía en las cuencas del río Agrio y Neuquén. Los diputados nacionales neuquinos quedaron colgados del pincel con una ley que había sido aprobada por unanimidad con un año de atraso. ¿Con qué cara enfrentarán ahora a los crianceros del norte neuquino, con qué palabras defenderán la política de "coordinación" con el Estado nacional?

El equilibrio entre las necesidades del gobierno provincial y las urgencias del nacional pasa por su peor momento. Así, el MPN tiende a cerrar filas y a diferenciarse de los K; la oposición se desgaja más o menos por el mismo motivo; y el panorama político vuelve a tornarse más complejo, menos superficial, más interesante.

Habrá que seguir con mucha atención hasta dónde llega la paciencia para poner en marcha la represa Chihuido I, y de qué manera se consigue aumentar el precio del petróleo y del gas. Son las únicas dos cuestiones (importantes) que a Sapag le interesa obtener del espinoso matrimonio presidencial. En estas cuestiones se irá el semestre más complejo del actual mandato.

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