El planteo surge a partir de las sospechas de exclusión de proveedores nacionales en el proceso de selección cuya preferencia se establece legalmente, y la prioridad de hecho otorgada a servidores y productos importados, en cuyo caso se estaría frente a una violación de los artículos 10 y 11 de la Ley 590 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además del pedido específico para aclarar los criterios de contratación, se solicitó explicaciones sobre los plazos de la instalación de luminarias contratadas y sobre el método recurrido para su reemplazo.

Al respecto, Rachid, sostuvo: "Más allá de las tecnicidades de la materia y de las eventuales sanciones que pudieran corresponder si se verifican los incumplimientos mencionados, resultaría preocupante que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se descuidara la posibilidad de incluir la experiencia de trabajadores y empresas nacionales en un proceso de cambio del alumbrado urbano de tamaña magnitud".