Santa Fe siente el agobio de la presión tributaria nacional

Con el aporte del 15 % de la coparticipación a la Anses y lo que se le detrae del impuesto al cheque podrían construirse 33 hospitales y 350 escuelas por año. O duplicar la inversión de capital en la administración pública y organismos descentralizados.
Entre abril y agosto, las poblaciones del interior del país reclamaron en contra de la baja de las retenciones a la exportación de productos primarios, en razón del aumento de alícuotas que intentó instrumentar el gobierno nacional con fines recaudatorios.

Las retenciones rigen sobre el precio de la venta de la producción, son de recaudación nacional y no se coparticipan. En general, una mínima proporción retorna a los territorios con criterios de distribución discrecional.

La provincia de Santa Fe, en el año 2007, por este concepto dejó en las arcas nacionales 5.923 millones de pesos; monto surgido de la exportación de productos con origen en la bota embarcados tanto por los puertos de la costa santafesina como por los de Buenos Aires. (*)

El conflicto del gobierno con el campo generó una profunda conciencia de la magnitud de los recursos que se iban del territorio. Esta situación abreva no sólo en las retenciones. Otras imposiciones fiscales resultan gravosas, como el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (comúnmente denominado impuesto al cheque). En tanto, las provincias fueron resignando distintas partidas por imperio de legislaciones de emergencia nacional o de los pactos fiscales.

Entonces, luego del conflicto agrario, algunos gobiernos -entre ellos el de Santa Fe- e instituciones y parte de la prensa plantearon la necesidad de revisar las relaciones económicas entre la Nación y las provincias, demanda que nunca fue tomada en cuenta ni por el gobierno nacional ni por el Congreso.

Planteos y relaciones

En esta generación de una nueva conciencia colectiva sobre el retorno de recursos, el gobierno de Hermes Binner reclamó que se dejara sin efecto el aporte a la seguridad social que se dispuso en un momento en que Anses era deficitaria, situación actualmente revertida. Se trata del 15 por ciento que se extrae de la masa de recursos coparticipables y, en el caso de Santa Fe, la suma para el año en curso totaliza 2.019 millones de pesos.

Asimismo, se ha peticionado que no se prorrogue el impuesto a los créditos y débitos bancarios con el sistema de coparticipación actualmente vigente. El proyecto respectivo ya fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Santa Fe, por ejemplo, dejará de recibir este año 519 millones de pesos, porque este impuesto no se coparticipa totalmente. La Nación se queda con más del 82 % de la recaudación.

Entre los dos conceptos señalados, Santa Fe dejará de percibir este año 2.538 millones de pesos.

Funcionarios y periodistas nos hemos habituado a hablar de números pero sin contextualizar lo que significa esta importantísima cantidad de dinero que no vuelve a la provincia y queda en las arcas de la Nación o de sus organismos.

La primera consecuencia de esta situación es que ni el gobierno provincial ni las administraciones municipales y comunales pueden concretar obras de saneamiento ambiental, de educación, de promoción de la actividad económica o llevar adelante otros propósitos por falta de recursos propios.

Por acción deliberada de unos y por dejadez de otros, se ha ido cediendo terreno tanto en el ámbito del debate institucional como en el seno de la opinión pública, que reclama obras y hechos a su gobierno más cercano, pero que no exige de igual modo, procederes consecuentes con la provincia a sus representantes en el Congreso.

Entonces, por conveniencia política, por ignorancia o no querer comprometerse con la "cosa pública", en los niveles dirigenciales se manejan cifras, pero rara vez se va al fondo de la cuestión y ésta pasa por saber lo que esos recursos significan para poder dar una mejor respuesta en materia de calidad de vida, más infraestructura de comunicaciones, más oportunidades en materia de educación, seguridad, salud y cultura.

Distintas serían las cosas si los gobiernos provincial y locales pudieran manejarlos. Posiblemente, no habría tanta gente con necesidades básicas insatisfechas y mucho menos población que, por su situación de marginalidad, vive en conflicto con la ley.

Por eso, la percepción de la magnitud de la exacción cambia sustancialmente cuando se dice que con la detracción que se terminará de consumar a fin de año, de $ 2.538 millones en números redondos, se podrían construir 33 hospitales como el previsto en el presupuesto 2009 para la ciudad de Reconquista o que se podrían levantar 350 nuevas escuelas.

Igualmente, cuando se explica que ese monto es equivalente al 90 % de los gastos de capital, incluidos para el próximo ejercicio presupuestario, de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, "prácticamente, se podría duplicar la inversión prevista", comentó un conocedor de los números de la provincia.

Responsabilidad legislativa

Por eso es tan grave el tratamiento a libro cerrado de los proyectos en el Congreso de la Nación, cuando les llega la orden a los diputados o senadores de que no se pueden modificar porcentajes y/o artículos o considerar iniciativas alternativas.

Es grave y triste a la vez, el atajo que se elige para quedar bien con Dios y con el diablo: votar a favor el proyecto en general y dejar planteadas las disidencias en algunos artículos, cuando se sabe que con ese procedimiento, igualmente se es funcional al propósito del gobierno de la Nación, que claramente ha elegido la centralización de los recursos para su manejo discrecional. En los hechos, se trata de un clientelismo de mayor nivel, pero clientelismo al fin.

Se podrá argumentar que los legisladores deben actuar a conciencia, inspirados en lo que consideren mejor para la Nación y sus territorios federales, según el momento de la historia. Esto es cierto en la teoría porque la otra parte de la verdad es que no quieren analizar en profundidad lo que está pasando en este país que dicen así defender. Acaso con esta actuación, ¿no estamos perdiendo la República y resignando una mejor calidad de vida en la Argentina?

(*) Dato del Centro de Estudios y Proyectos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Aportes concretos

A la centralización de los recursos en la Nación no se llegó de un día para otro. Lamentablemente, ha sido un proceso que en sentido negativo se ha profundizado en los últimos gobiernos.

Por ejemplo, en materia de detracciones de la masa coparticipable para orientar esos recursos a la Anses (seguridad social), la provincia de Santa Fe aportó entre 1992 y 2007, 9.466.990.000 pesos, a los que hay que sumarle los 2.019.040.000 que señalamos al principio de esta nota, por el año 2008 (ver cuadro).

Asimismo, como se observa en otro cuadro, tampoco hay una respuesta satisfactoria para el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. La deuda nacional supera los $ 313 millones (ver cuadro).

Igualmente, respecto del denominado Impuesto al Cheque, Santa Fe debería haber recibido, si no tuviera una coparticipación tan especial (la Nación se queda con el 82 % de lo recaudado), 741 millones de pesos, y sólo percibirá 222 millones en números redondos. La tajada principal, de 519 millones, queda en la Nación.

Párrafo aparte merece la descripción de lo aportado desde la provincia para los ATN, que discrecionalmente envía el gobierno nacional a comunas y municipios según amistad política. En números redondos, Santa Fe aportó para ese fin en 2006, $ 64 millones; en el 2007, $ 81 millones y en el 2008, según el presupuesto nacional, $ 94 millones, según datos del Ministerio de Economía. En tanto, fuentes consultadas sostienen que no han vuelto entre 6 y 8 millones de pesos a las comunas y municipios, en los años mencionados.

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