Santa Fe pide una señal al gobierno nacional

En las vísperas del inicio de una ronda de diálogo de los gobernadores con la presidenta Cristina Fernández, el funcionario repasó la ruta que pretende transitar la administración de Hermes Binner en la nueva discusión que se abre entre la Nación y las provincias, y que tiene entre sus puntos más importantes la discusión de un nuevo esquema de reparto de impuestos.
Esta concertación, que también se cruza con las problemáticas sectoriales vinculadas con la producción y el empleo, tiene su traducción al interior de la provincia.

En la agenda legislativa del oficialismo provincial figura la voluntad de insistir con el proyecto de reforma tributaria que fue rechazado el año pasado por el Senado. Un punto incluido en la convocatoria al diálogo realizada la semana pasada por el Ejecutivo provincial pero también en las relaciones con municipios y comunas.

En este marco, Bonfatti celebró los primeros resultados de las reuniones entre el gobierno nacional y los partidos de la oposición realizada la semana pasada.

"También planteamos ahí la necesidad de tratar temas urgentes, que tienen que ver con la situación del empleo, la producción y la necesidad de buscar un nuevo equilibrio entre las responsabilidades que las provincias asumimos desde hace mucho tiempo y los menguados recursos con los que contamos, a partir de una tendencia a recortar el sistema de distribución contemplado en la ley de coparticipación", explicó.

El Parlamento

Más allá del diálogo político a nivel de autoridades ejecutivas, la primera estación de este debate será en el Congreso cuando se trate el destino de los poderes especiales del Ejecutivo nacional, que vencen el 24 de agosto, y que entre otras cosas le asignan la facultad de fijar las alícuotas de las retenciones a la exportación. "Sería bueno que el gobierno tome en cuenta que no se debe buscar una victoria a la Pirro hasta que se conforme el nuevo Parlamento sino que aproveche la ocasión para buscar consensos, con una consideración particular sobre la preservación de las arcas fiscales de las provincias, que después se trasladan a municipios y comunas", señaló.

El  delicado equilibrio entre los reclamos de bajar retenciones y no desfinanciar a los niveles del Estado seguramente estará presente. Para el ministro de Gobierno santafesino, a diferencia de las provincias, el gobierno nacional tiene herramientas para reemplazar parte de esos recursos, por ejemplo "a través de un impuesto al sector financiero". De modo que no considera que debería afectarse la distribución de recursos al interior.

De hecho, a la par de discutir grandes reformas al sistema, la provincia pretende una "puesta al día" en las cuentas sin saldar entre ambos niveles de la administración. Esto significa, garantizar el piso de 34% de transferencias de coparticipación, pero también recuperar el porcentaje de recursos provinciales que se destinan al financiamiento de la Ansés (2.100 millones de pesos el año pasado), cancelar la deuda para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y recuperar los recursos fiscales destinados a sostener el sistema de capacitación de la Afip (700 millones de pesos).

"Son cifras importantísimas, en los próximos días vamos a insistir con una deuda de la Nación por bonos que implican unos 538 millones de pesos, y por otro lado hemos agotado en algunos caos la instancia del recursos administrativo en la deuda histórica de la Nación con la provincia", cercana a los mil millones de pesos.

Cuentas pendientes

Los primeros movimientos poselectorales del gobierno nacional apuntaron a liberar fondos a algunas provincias correspondientes al Programa de Asistencia Financiera (PAF). Santa Fe no entra en este rubro porque no tiene pasivos transferidos. Pero tiene cuentas por cobrar. Si hay respuesta para Córdoba y Buenos Aires, que no la haya para santa Fe sería una marginación muy visible".

Aunque asegura que el nuevo clima de diálogo no significó que "haya venido un solo peso", sí subrayó la decisión del Ministerio de Planificación Federal de discutir la regularización del financiamiento del plan federal de viviendas. "Nos deben 90 millones de pesos y la semana pasada tuvimos una respuesta positiva, al menos en las conversaciones, antes no estaban ni en carpeta", dijo. (La Capital)

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