Santa Cruz es la única provincia a la que no se le autorizó deuda

Santa Cruz es la única provincia a la que no se le autorizó deuda

Mientras las negociaciones siguen en un escenario de acusaciones cruzadas, y se espera una misión técnica, para la próxima semana, del Gobierno Nacional, la realidad es que Santa Cruz es el único distrito que aún no salió al mercado internacional a colocar deuda, mientras que el conjunto de las provincias, en poco más de un año, ya lo hizo por casi USD 10 mil millones.

El martes Santa Cruz elevó un plan de ajuste fiscal a la Nación, el que la Casa Rosada se encargó de hacer trascender que considera “insuficiente”, aunque la respuesta oficial recién la daría entre hoy y el lunes.

Mientras tanto no hubo novedades por parte del Directorio del Banco Nación que se supone, el miércoles pasado, trataría la aprobación (o no) del Mutuo solicitado por el Gobierno Provincial.

Aunque las negociaciones siguen, las miradas antagónicas sobre cómo equilibrar las cuentas, por un lado, y el servilismo político que los conflictos en el terruño kirchnerista traen tanto en la puja que existe en el escenario nacional como en el local, sumado a la palpable falta de claridad que tiene la sociedad sobre los números de la economía provincial, provocan que las discusiones se eleven más allá de las realidades concretas.

El Gobierno Provincial envió un plan “gradual” de ajuste fiscal proyectando llegar a un equilibrio “cero” en el 2022. La Nación pretende que eso se reanalice y achiquen los plazos al actual mandato de ambos: 2019 (Ver recuadro).

 

Las exigencias

Más allá de la necesidad de que la provincia comience a transitar por un camino que permita lograr una paridad entre los ingresos y los egresos, tampoco deja de ser real que es, a Santa Cruz, el único distrito del que se conozca una exigencia de ésta envergadura para autorizar el endeudamiento.

Es cierto que, pese a eso, algunas provincias emitieron, como lo tiene Santa Cruz, decretos de congelamiento de vacantes en la Administración Pública, recortes de gastos e incluso Tierra del Fuego fue más allá y reformó su sistema previsional. E incluso a mediados de abril, hubo un acuerdo entre la Nación y la mayoría de las provincias, entre las que estuvo la nuestra, que firmaron un compromiso de ordenamiento fiscal, que incluía a ambos sectores, de manera gradual hasta el 2019.

Ese plan las provincias deberían presentarlo el próximo 17 de mayo, pero a Santa Cruz se le pidió por adelantado ante el reclamo de asistencia financiera especial, además del Mutuo que desde hace un mes se tramita ante el Banco Nación. 

Reconocido por las propias autoridades nacionales, además de las exigencias fiscales, se impone a la provincia las reformas institucionales que serían debatidas en el marco de una mesa de diálogo política, con la mediación del Gobierno Nacional, para que oposición y oficialismo provincial acuerden entre otros puntos la derogación de la Ley de Lemas y una nueva ley de Coparticipación municipal. 

Pero para ninguno de los demás distritos tuvo semejante condición “sine qua non” para la autorización previa de endeudamiento.

 

Endeudamiento

Así, mientras Santa Cruz aguarda poder emitir títulos por US$ 350 millones con las regalías petroleras como garantía, en este último mes ya tomaron deuda local e internacional Córdoba, Neuquén y Chubut. 

La primera colocó en el mercado local un bono a 10 años de plazo por 150 millones de dólares, dinero que se prevé destinar a la obra pública, destacaron desde la Gobernación. En este caso la tasa de interés fue del 6,80%, y el principal tenedor de esos títulos resultó ser la ANSeS. 

En el caso de la provincia de Chubut, anunció la colocación de $ 759.866.000 millones en el marco de la serie XXXI del Programa de Letras del Tesoro para esa provincia. En la operación, se adjudicaron $ 759.866.000 millones en tres diferentes plazos.

En particular se adjudicaron $ 281.454.000 a 91 días a una tasa de 23%. Otros $ 200.770.000 millones se colocaron a 154 días, con una tasa de 22,74%%. Los restantes $ 277.642.000 millones fueron a un plazo de 212 días con un margen de 2,98% por sobre la tasa Badlar.

El tercer caso fue Neuquén, que colocó títulos de deuda (Tideneu) por US$ 366 millones, a una tasa de interés del 7,50% anual, sin garantía y con vencimiento en el 2025.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirmó que las ofertas recibidas por más de US$ 2.200 millones en la colocación de títulos de deuda, “reflejan la confianza y la expectativa que despierta Neuquén en el mercado financiero”.

 

Fuerte crecimiento

El stock de deuda provincial, que rondaba los $ 256.000 millones a fin de 2015, se incrementó a fines del año pasado a $ 343.000 millones.

En su último informe de fines del año pasado, la consultora Noanomics, que conducía Félix Piacentini -hoy funcionario del Ministerio de Hacienda de la Nación- remarcó que durante el último año se había alcanzado en las provincias el mayor déficit de al menos los 12 últimos años, llegando a representar el 1,3% del PBI y superando el ahora viejo máximo del 0,9% presenciado en 2015. 

“Este pésimo resultado se registró en un año no electoral, y cuando las provincias comenzaron a recibir 3 puntos de una devolución gradual de 15 puntos de coparticipación (en el caso de Córdoba, Santa Fe y San Luis por el fallo de la Corte la devolución fue completa), más 6 puntos extra en préstamos de Nación a tasa subsidiada. También ocurrió cuando las jurisdicciones pudieron volver a financiarse en el mercado de crédito internacional, emitiendo unos US$ 7.050 millones en colocaciones locales”, expresa el informe referido a 2016.

Y concluye: “Es decir, un año en el que las provincias contaron con ingresos inéditos del 7,2% del PBI en concepto de coparticipación, no lograron contener el gasto y llegaron a este penoso récord. En cuanto al nivel de endeudamiento, las obligaciones en moneda extranjera mencionadas implican que el stock de deuda en pesos se expandió un 41% en 2016 sólo por ese concepto. Aunque este ritmo de endeudamiento asusta, el nivel total todavía no es preocupante. 

En tanto, un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que en el primer trimestre de este año la deuda de las provincias creció un 123% interanual.

En dólares la misma llega ya a los 9.600 millones mientras que en pesos supera los 50 mil millones. 

En su análisis, los expertos de la UNDAV consideraron que en un contexto de “alta volatilidad y cambios en las condiciones financieras globales, se enciende una luz de alarma” por “la velocidad del endeudamiento en un mundo que tiende a la protección y la regulación”.

 

Llegaría una misión técnica la próxima semana

El Gobierno Nacional enviaría a Santa Cruz un equipo de funcionarios para revisar las cuentas públicas. El Ministerio del Interior quiere evaluar cómo se gastaron los fondos que se han ido girando.

Dicho equipo, según trascendió en algunos medios nacionales, estaría conformado por funcionarios del Ministerio del Interior y se abocaría a analizar en detalle el presupuesto de Santa Cruz. También evaluará cómo han sido utilizados los fondos que giró la Nación a ese distrito en el último año en concepto de coparticipación y cuentas extraordinarias.

No es la primera vez que ocurre esto en Santa Cruz. Ya en 2015 un equipo enviado por el entonces ministro Kicillof se instaló a principios de año por casi un mes para monitorear las cuentas y ayudar en la confección del Presupuesto Provincial. 

En tanto se espera que entre hoy y el lunes, las autoridades nacionales envíen una respuesta formal al plan económico presentado por el Gobierno de Alicia Kirchner. 

Mientras la Nación afirma que el mismo contiene metas “poco cumplibles” y reveló que gran parte de la baja del déficit se basa en contener la suba de la masa salarial por debajo del aumento de los ingresos, desde provincia ratificaron que en dicha presentación se dejó en claro que “no habrá achicamiento de la planta estatal ni tampoco modificación a la estructura del sistema previsional”.

Sí se expusieron, entre otros puntos, las proyecciones de recaudación por canon y regalías que podrían venir de la adjudicación de nuevas áreas petroleras, cuya licitación ya está lanzada al mercado por el Instituto de Energía.

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