Santa Cruz sigue sin acatar una sentencia de la Corte

El ex procurador santacruceño Eduardo Sosa, a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reponer en el cargo antes del 29 de diciembre, dijo ayer que "hay una tendencia preocupante de funcionarios de gobierno que se niegan a acatar órdenes judiciales".
El reclamo de Sosa fue un caso testigo de la primera desobediencia reiterada del kirchnerismo a una orden judicial.

"Estamos ante un problema, una tendencia en que los funcionarios de gobierno creen que pueden discutir las órdenes del máximo tribunal del país, y estamos en problemas, porque si no funciona el principio de división de poderes, entraríamos en la ley de la selva, donde cada uno va a hacer lo que se le cante sin obedecer a nadie", dijo Sosa a Radio Continental.

Sosa utilizó palabras similares a las empleadas el miércoles por la jueza de la Corte Carmen Argibay, quien al cuestionar la desobediencia del jefe de Gabinete a cumplir con una orden judicial que requería del auxilio policial también mencionó como ejemplo el caso del ex funcionario santacruceño.

Sosa fue dejado cesante en 1995 por el por entonces gobernador santacruceño Néstor Kirchner, cuando una reforma aprobada por la Legislatura e impulsada por la actual presidenta Cristina Fernández desdobló sus funciones y puso a otras dos personas en los nuevos puestos.

El procurador recurrió a la Corte y obtuvo fallos favorables a su reposición.

El último de ellos fue en octubre pasado pero hasta ahora el gobierno santacruceño no resolvió la cuestión.

El tema ahora es que el gobernador kirchnerista Daniel Peralta puede afrontar un proceso penal si no reintegra a Sosa en su cargo antes del 29 de diciembre.

Fuentes judiciales santacruceñas dijeron a Clarín que Peralta estudia hacer un nuevo desdoblamiento del actual cargo de agente fiscal, pero que Sosa quedaría a cargo de cuestiones administrativas y no de las investigaciones penales.

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