Los representantes de las organizaciones nucleadas en la CTA-A, remitieron al Presidente de la Cámara de Diputados Fernando Cotillo y al Diputado por el pueblo de Río Gallegos Carlos Albrieu las cartas documentos, motivadas en la posible sanción este jueves de la Ley de Organización de la Fiscalía de Estado  que establece un nuevo régimen de funcionamiento,  adjudicación de cargos, escalas salariales y creación de cargos.

La CTA, a través de un comunicado de prensa, sostuvo que "esta es una movida política de la mayoría de la Cámara para impulsar modificaciones que obstaculicen el trabajo del gobierno que quede tras las elecciones de octubre amén de restringir las posibilidades de investigación retroactivas que debiera realizar esa repartición. Todo ello sumado a la inconstitucionalidad que reviste la intención de perpetuidad en el cargo de Fiscal".

Cabe recordar que el poyecto fue presentado en marzo del año pasado por el diputado por municipio de Caleta Olivia (abogado) Alexis Quintana y la semana pasada logró el despacho de comisión (Nº 035/2015) que habilita a su tratamiento para este jueves.

Se trata de la iniciativa Nº 067/2014, que también lleva las firmas de Rubén Contreras, Silvio Suárez y Federico Bodlovic, que trata sobre la “Ley Orgánica de Fiscalía de Estado”.

Establece la integración de esa fiscalía encabezada por Iván Saldivia, con un Fiscal de Estado Adjunto, un cuerpo de ocho abogados, el director secretario General, el director de Administración y el personal administrativo y contable.

Pero acto seguido, en el Artículo 11, sostienen que el Fiscal de Estado será “inamovible mientras dure su buena conducta” tal como lo que sucede hoy con jueces del Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, la ley dice que “tendrá un tratamiento remunerativo no inferior al fijado por todo concepto ante el agente fiscal ante Juzgado de Primera Instancia, siéndole aplicable idéntico régimen previsional”.

En este punto vale mencionar que el despacho de comisión dista del proyecto original al que también tuvo acceso TiempoSur y en el que se establecía un salario acorde al de un miembro del Tribunal Superior de Justicia, pero además, lo habilitaban al ejercicio particular de la profesión de abogado, cosa que ahora es incompatible.

Frente a esto, TiempoSur tuvo acceso a una nota de abogados del fuero local que entienden que estas modificaciones llegan  “en un momento de transición política, otorgando carácter inamovible a los cargos de un órgano político y cuya composición fue modificada invariablemente por cada Gobierno”.