El pacto fiscal firmado entre Mauricio Macri y los gobernadores en 2017 tuvo un cumplimiento parcial, con pocas provincias que respetaron los topes de Ingresos Brutos y algunas que ni siquiera aceptaron eliminar los tributos diferenciales por territorio.

Así lo señala un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el que se destaca una falta de colaboración del Gobierno saliente por no crear el prometido organismo federal para realizar valuaciones fiscales.

Con esas cifras, los gobernadores podían aumentar los impuestos a la propiedad, de muy baja recaudación en casi todas las provincias, para aplicar una baja paulatina de los tributos al consumo.

Santa Cruz no cumplió con casi ningún acuerdo del pacto fiscal. Misiones mantiene los diferenciales por territorialidad. Y Macri nunca armó el organismo para valuar bienes. 

Alberto Fernández cedió a la presión de los gobernadores y suspendería el pacto fiscal como parte de la ley de emergencia económica que llegará a la Cámara de Diputados. Pero para evitar una ola de impuestazos, los mandatarios deberían exponer su solvencia productiva y fiscal para subir cualquier tributo.

Según el informe de la OPC, Misiones fue la única provincia que no cumplió con la eliminación de alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos según su nivel de radicación y una de las 16 que no aplicó todas las reducciones por actividad exigidas en el pacto. Santa Cruz y Chubut las ignoraron a todas. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Santiago del Estero las respetaron sin excepciones.

Formosa y Santa Cruz lideran el ránking de incumplimiento en las bajas del impuesto a sellos. Ninguna eliminó los tratamientos diferenciales por territorio y la provincia gobernada por Alicia Kirchner tampoco congeló las alícuotas ni cumplió con el cronograma de bajas, suspendido en el presupuesto del año pasado. Misiones también las subió. 

El análisis de la OPC destaca además que la recaudación de las provincias subió menos que la nacional, que es IVA y Ganancias y un porcentaje se destina a las provincias en concepto de coparticipación, pero las más favorecidas son las pequeñas.