En la provincia de Santa Fe, en los últimos ocho años se llegaron a conformar 20 cooperativas de trabajo. Las mismas tuvieron como finalidad que un número similar de fábricas no cerraran sus puertas y significó que alrededor de 1.200 trabajadores de Santa Fe lograran mantener sus puestos de trabajo.

Desde el Gobierno provincial intentan que esta herramienta no sea, como lo viene siendo hasta ahora, la "última oportunidad" de mantener viva a una industria. En este sentido, desean que la conformación de este tipo de asociaciones autónomas y de carácter solidario se conviertan en una opción clara.

De esta forma, aspiran a formar entre los dueños, los trabajadores y el Estado una mesa "tripartita" y evitar de esta forma las "últimas instancias". Las empresas, prácticamente "abandonadas" por sus dueños llegan a situaciones límite en donde es necesario el apoyo y seguimiento por parte del Estado para conocer cuál será el futuro de esas industrias.

La semana pasada, la fábrica de pastas Galletti se sumó al listado de empresas que están atravesando una situación delicada. Mientras la firma busca a un posible comprador, los trabajadores decidieron tomar la fábrica y cortar la ruta nacional 11. La Provincia y la Comuna de Candioti hicieron entrega de bolsas de harina para que los 40 trabajadores continúen con sus tareas hasta tanto se resuelva la situación de fondo.

El impacto de las tarifas y la apertura de las importaciones provocaron que muchas de las cooperativas e industrias privadas sufrieran una recaída o continúen en proceso de recuperación. Esto obliga a repensar alternativas desde el Estado y a destinar fondos para lograr el sostenimiento de las mismas.

En diálogo con diario UNO, Mauro Casella, secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social manifestó que actualmente se está trabajando con 25 empresas (cooperativas y empresas privadas). "Hay varias cooperativas y también hay otras empresas privadas que reciben un apoyo financiero y una asistencia técnica para ir acompañando todo el proceso de crisis", afirmó.

Según comentó el funcionario, este tipo de intervenciones desde el Estado tienen como objetivo "ir ganando tiempo para acomodarse a la nueva coyuntura e ir haciendo las inversiones necesarias".

Casella aclaró que las ayudas no son solo financieras sino también técnicas. En junio de este año, el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social aprobó la conformación de comisiones de trabajo para atender y abordar problemáticas específicas de los distintos sectores del cooperativismo que desarrollan actividades en la provincia. Para ello se crearon las comisiones de Financiamiento, Producción, Salud, Servicios Públicos, Educación y Trabajo.

"Nosotros intervinimos como ejecutivo formalmente hasta que se aclare el panorama de crisis de la empresa. Después vamos avanzando en un proceso de recuperación, de integración o de venta. Según lo más conveniente", explicó. En este sentido, el funcionario provincial advirtió que hay situaciones y escenarios distintos y que las decisiones "dependen mucho del territorio y de los trabajadores".

Con respecto a la fábrica de pastas Galletti, dijo: "Estamos esperando unos días para ver cómo se empieza a desenvolver la empresa y sus trabajadores. Nosotros seguimos haciendo un acompañamiento técnico desde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción.

Una ley para proteger y apoyar a las cooperativas

El gobierno de Santa Fe tiene el propósito de declarar de interés público el proceso de recuperación de empresas por parte de los trabajadores y establecer procedimiento claros por parte del Ejecutivo provincial junto a los ministerios de la Producción y de Trabajo. En diálogo con Diario UNO, el secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, sostuvo: "Lo que falta es un procedimiento claro porque generalmente cuando las empresas entran en crisis existen varias alternativas. Lo que podría permitir esta ley es declarar de interés publico el proceso y estaría generando un espacio más de promoción. Incluso, la posibilidad de crear un fondo de financiamiento con un proyecto de ley".

La iniciativa oficialista fue impulsada por el diputado provincial Joaquín Blanco (partido Socialista) en mayo de este año y lleva el título de "Protección y Apoyo a las empresas recuperadas por los trabajadores".

A través de esta ley, se propone la creación de un registro provincial de empresas recuperadas, con posibilidad de brindar asistencia técnica, económica y capacitaciones, a través de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, dependiente del Ministerio de la Producción, promoviendo el asociativismo y evitando el cierre de las empresas ante posibles crisis.

En este contexto, funcionarios provinciales advierten algunas dificultades o limitantes en el marco legal a la hora de intervenir en aquellos casos donde las empresas pueden ser recuperadas por los trabajadores.