Santa Fe: más casos de gatillo fácil y apremios

Encabeza la lista de provincias con mayor proporción de casos de gatillo fácil y violencia institucional desde la recuperación de la democracia hasta hoy, sobre todo en cárceles y comisarías, según un estudio de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Entre el 30 de diciembre de 1983 y el 30 de noviembre de este año la organización registró 285 casos en Santa Fe, lo que representa, en total, 95 casos por cada millón de habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene más cantidad, pero en relación con la dimensión de su población, queda en segundo lugar, con 87 casos por millón.

El informe anual de Correpi para 2008 incluye solamente los casos que culminaron en la muerte de la víctima. "Este año tenemos detectadas 13 muertes en Santa Fe, con distintas modalidades, y diferentes franjas etáreas y fuerzas estatales protagonistas de cada episodio", reveló a Crítica de Santa Fe Gustavo Filograsso, vocero de la entidad.

La Correpi difundió en 1996 su primer informe estadístico de violencia estatal y, desde entonces, ha polemizado con los sucesivos gobiernos. En el 2005, la ex jefa de Policía Leyla Perazzo relativizó la veracidad de esos datos. "Pudimos probar caso por caso lo que denunciamos y Perazzo se quedó sin palabras", comentó la abogada María del Carmen Verdú, titular de la organización. "Santa Fe encabeza el ranking de los casos de gatillo fácil o muertes en comisarías o cárceles desde hace varios años, lo que nos hace pensar que es una herramienta de control social de sus gobiernos, independientemente del signo político. Aún hoy los cambios no se notan", opinó Verdú.

La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, no relativizó los datos, aunque aclaró: "No hay una boca única de información cuantitativa. No digo que los datos de la Correpi no sean confiables, sino que nos falta unificar criterios y por eso la información puede estar alterada. Reconocemos la situación, que se vulneran los derechos en cada caso de gatillo fácil, de apremios o de averiguación de antecedentes", señaló la funcionaria.

Excesos

El Ministerio de Justicia trabaja en un protocolo de intervención y control sobre prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. A principios de mes culminó un relevamiento sobre casos policiales registrados en el Centro de Atención de Denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos, entre enero de 2007 y junio de este año. Las prácticas policiales más denunciadas son el apremio ilegal, los malos tratos, el acoso policial, el abuso de autoridad, la inacción policial y la violación de domicilio. En el centro-norte provincial, la mayoría de las denuncias por apremios recae sobre la policía de la ciudad de Santa Fe. "Vemos que el accionar policial tiene una zona gris. Los apremios, por ejemplo, son una práctica que no podemos desterrar, a pesar de 25 años de democracia", observó Acosta.

Desterrar prácticas

"Las provincias tienen responsabilidad solidaria con la Nación y por eso deben readecuar sus normas", le comunicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Aníbal Fernández, a la provincia. La exigencia llegó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la sentencia por el "Caso Bulacio". En Santa Fe las leyes apuntadas son tres: el Código de Faltas, la ley para el procedimiento en causas que tengan a menores imputados y la Ley Orgánica de la Policía. En todos los casos se busca erradicar la detención preventiva, abusiva desde la práctica de la "averiguación de antecedentes". El Gobierno provincial intentará modificar esas normas en la Legislatura.

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