Comienza en Roca el primer juicio oral, con más de 100 víctimas de presuntos fraudes por sobreventa de terrenos y adjudicaciones irregulares.
En Roca, más de 500 damnificados restantes esperan por el segundo juicio, mientras que los mismos acusados suman imputaciones similares por ventas realizadas en Villa Regina, San Antonio Oeste, Viedma y Allen.
El juicio oral y público comienza hoy ante la Cámara Criminal Segunda de Roca. Son 117 los testigos convocados a declarar a lo largo de las nueve audiencias previstas para el debate. Según la agenda del tribunal, el juicio finalizaría el 26 de agosto próximo. Sin embargo, existe la posibilidad de que las múltiples partes que intervienen acuerden abreviar el proceso o reducir la lista de testigos.
Carlos Sansuerro está acusado porque fue secretario general del sindicato de Viales y en ese carácter impulsó los planes de viviendas. Iturburu, en tanto, era el titular de la Cooperativa House Vial y quien encabezaba la comercialización de los lotes. El primero contará en el juicio con la defensa de la abogada oficial Mariana Serra, mientras que al segundo lo defiende la abogada particular Carina Tesán.
Como querellantes, en nombre de las numerosas víctimas, participarán los abogados Celia Delgado, Eliana Aguilar, Marcelo Hertzriken Velasco, Valdemar Urra, Francisco Martín, Ariel Balladini.
El tribunal, en tanto, estará integrado por los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Sandro Gastón Martín, de la Cámara Criminal Segunda.
En cuanto a los 15 hechos de administración fraudulenta que se les atribuyen, el procesamiento sostiene que hicieron "una adjudicación arbitraria a personas ajenas a la "familia de los Viales" en desmedro de quienes teniendo mejores derechos fueron excluidos" del plan de las 20 Viviendas emplazadas en el barrio Villa Obrera, hecho por el cual fue recientemente procesado el extitular del IPPV, Vicente Pili, por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sobre el plan de las 167 casas, la justicia sostiene que hubo un "ardid o engaño" planificado por Sansuerro e Iturburu, con House Vial como "pantalla", para vender más terrenos que los disponibles, por valores de entre 8.000 y 9.000 pesos "para ingresar al plan de viviendas", aunque "de la documentación secuestrada y los informes requeridos no surge el registro ni el destino de tan importante suma de dinero, que obviamente los imputados obtuvieron para sí", dijo la Cámara que confirmó ambos procesamientos en marzo del 2012.
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