Sandra Bombardieri se desligó del control de los convenios

Sandra Bombardieri se desligó del control de los convenios
La abogada declaró en juicio por fraude a la administración pública
VIEDMA (AV)- La primera jornada del juicio por los sobrepagos realizados por Río Negro por demandas contra la provincia se concentró ayer en el testimonio de la ex jefa del área de Juicios de la Fiscalía del Estado, Sandra Bombardieri, imputada del "delito de fraude a la administración pública". La profesional -que hoy es representante de la Fiscalía en Capital Federal- se desligó de la responsabilidad del control y de la firma de los convenios.

Bombardieri está acusada de falta de control de las liquidaciones acordadas y pagadas en los convenios de juicios contra el Estado. Se estimó que el Estado abonó 1,7 millón de pesos demás a los estudios jurídicos representantes de miles de empleados que demandaron por la ley de aportes de emergencia a la Caja de Previsión Social.

La imputada figura como "partícipe necesaria" ya que la denuncia original incluye al Fiscal de Estado, Alberto Carosio, cuya situación sigue pendiente porque mantiene fueros constitucionales.

El juicio trata de dilucidar si hubo un pago demás del que correspondía y si esto fue acordado con el estudio del abogado Juan José Zalesky, que devolvió parte de los dos millones de pesos excedido -según la primera auditoría- pero restan 1,7 millones de pesos. El Tribunal lo integran Susana Milicich, Eduardo Giménez y Néstor Rodríguez.

Ayer, Bombardieri resaltó que la responsabilidad de la firma de los convenios era exclusividad del Fiscal de Estado, según el decreto/ley 01/04 que establecía el marco de acuerdos con los estudios jurídicos. Aclaró que Carosio y el organismo no disponían de un contador para la revisión de las liquidaciones presentadas por los estudios jurídicos.

En varias ocasiones, Milicich y Giménez insistieron en la concesión de la Fiscalía que cedió a los abogados privados la facultad para la presentación de las liquidaciones. Bombardieri resaltó que no era la función de su área controlar y reiteró la imposibilidad técnica (no existía un profesional) y operativa para ese control. La abogada redundó en el volumen de expedientes en trámite en el organismo, con "sólo 7 abogados y 4 administrativos".

"Unas 6.000 causas y se sumaron los expedientes del COL (ex banco provincia)". Su área -consignó- más de 300 juicios. Las demandas de la ley 2990 fueron 535, con 7.000 liquidaciones y unos 25 millones de pesos de capital. La imputada mencionó esos números en su intento de justificar con el volumen que no se cumplieron con controles.

La contadora María Gilardi fue la primera testigo. Contratada por la Fiscalía para realizar las auditorías en las que se detectaron esas diferencias de liquidaciones pagadas por la Ley 2990, Gilardi continúa con esa tarea. Afirmó que auditó de 200 a 250 expedientes, y que fue contratada por Carosio, a quien le informaba de las diferencias detectadas.

El informe técnico de Gilardi en el pago con bonos originó una respuesta de Bombardieri, que tomó un marcador y delineó sus cálculos sobre una pizarra. El detalle llamó la atención a Giménez, quien manifestó admiración por los conocimientos de Bombardieri sobre el tema, a pesar que antes había señalado que no estaba capacitada para controlar los pagos. "Tuve cinco años para estudiar", fue la respuesta de la abogada en referencia a los años de investigación de la causa.

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