Sancionaron la ley de titularización de viviendas sociales ejecutadas por la provincia

La nueva norma, sancionada por la Legislatura, beneficiará a más de 61 mil familias santafesinas que podrán regularizar la situación dominial de sus inmuebles. Se implementará a partir de febrero.

El proyecto de ley de titularización de viviendas sociales ejecutadas por la provincia, impulsado por el gobierno, recibió hoy sanción definitiva por parte del Senado provincial. La nueva norma beneficiará a más de 61 mil familias santafesinas que podrán regularizar la situación dominial de sus inmuebles.

La directora provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, anunció que la ley se comenzará a implementar en el mes de febrero, y que "los primeros operativos territoriales serán en las ciudades de Rosario y Santa Fe".

"Analizamos los conjuntos habitacionales de la provincia y en Rosario hay 2.500 viviendas en condiciones de escriturar, en tanto que en la ciudad capital hay otras 1.500 unidades", indicó Pino.

El criterio fijado, dijo la funcionaria provincial, "es comenzar por aquellos conjuntos que tienen ya algunas escrituras realizadas" y agregó que "se va a presentar un cronograma público donde se informará en qué instancia técnica y dominial está cada conjunto habitacional de todo el territorio santafesino".

Un proyecto del Ejecutivo

El proyecto de ley de titularización de Fonavis y otras viviendas sociales construidas por la provincia fue anunciado por el gobernador Hermes Binner en su mensaje de apertura de la Asamblea Legislativa, el 1º de mayo pasado. En esa ocasión, el mandatario provincial afirmó que con la sanción de la ley se empezaría a sanear una situación que data de varios años.

El Ejecutivo provincial envió el proyecto a la Legislatura a mediados de agosto y el 30 de octubre obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, con el apoyo unánime de los legisladores de los distintos bloques políticos.

Elaborado por el equipo técnico y político de la DPVyU, el proyecto surgió en el marco de un lineamiento político que entiende la seguridad jurídica de la tenencia como componente fundamental del derecho social a la vivienda.

La sanción de esta ley beneficiará a más de 61 mil grupos familiares que por diversas causas no tienen regularizada la situación dominial, edilicia y ocupacional de las unidades habitacionales. De acuerdo a los registros de la DPVyU, se calcula que en la actualidad menos del 10 por ciento de los beneficiarios de viviendas financiadas con fondos públicos accedieron a la titularización correspondiente.

De adjudicatario a propietario

La ley reglamenta, a través de sus artículos 3 y 4, los criterios que deben reunir los beneficiarios para poder escriturar sus viviendas.

Al respecto determina que "podrán convertirse en propietarios aquellas personas o grupos que por cualquier acto jurídico realizado por la DPVyU se encuentren en posesión o tenencia de la vivienda".

En el segundo caso, la iniciativa contempla las situaciones de las personas que no tengan un acto jurídico de por medio pero que cumplan con las condiciones de ocupación preestablecidas en la ley.

El beneficio alcanza a los ocupantes de la vivienda en calidad de unidad única, familiar y permanente, con una antigüedad de 5 años, que asuma el compromiso de pago por el inmueble ocupado.

Cancelación de deudas

En otro de sus puntos, la ley establece las opciones para que el beneficiario cancele en forma anticipada la deuda. Si el adjudicatario tiene los pagos de la cuota al día, podrá cancelar obteniendo un descuento equivalente al cuarenta por ciento de lo adeudado al momento del otorgamiento de la escritura.

Para los casos sociales "debidamente justificados" se podrá condonar hasta un 20 por ciento del total adeudado, u otorgar plazos de gracia para el capital o extender el plazo máximo hasta 5 años.

Para su elaboración, el gobierno realizó consultas con los integrantes de la Asociación Amigos de Barrio Fonavi, con el objetivo de formular un diagnóstico más preciso de la situación de los complejos habitacionales.

Régimen especial

Con el propósito de favorecer la titularización se estableció un régimen especial mediante la eliminación de las restricciones y obstáculos administrativos, removiendo situaciones variadas como finales de obras, inscripción en el servicio catastral, estado dominial del terreno y deudas fiscales.

En este sentido, la ley prevé también la firma de convenios con comunas y municipios, entidades intermedias y con la universidad para la puesta en marcha de un programa de recuperación edilicia de los diversos complejos habitacionales, muchos de los cuales presentan grados importantes de deterioro y de ocupación de los espacios comunes.

Además, la propuesta incluye estrategias de presencia territorial y de capacitación institucional de las asociaciones barriales.

Alicia Pino, responsable del área que se encargará de la aplicación de la ley de titularización, afirmó que "este es el inicio de una nueva relación entre el Estado y las familias que viven en los complejos habitacionales ejecutados por la dirección. La ley no se reduce a la posibilidad de la titularización de la vivienda sino que posibilita el abordaje de problemáticas como el mantenimiento de espacios comunes y la recuperación edilicia a través de la formación de consorcios", detalló la funcionaria provincial.

Enfoque

La nueva ley tiene en cuenta el enfoque del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que sostiene que "todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas".

Asimismo, indica que "los Estados deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección".

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