El proyecto original, impulsado por el diputado del Frente para la Victoria Hernán Doval, incorporó algunas modificaciones en el Senado, por lo que regresó a su cámara de origen para ser sancionado. Los cambios incluidos fueron consensuados con intendentes agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), el Poder Ejecutivo provincial y dirigentes enrolados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO).

En esencia, se mantiene en el cuerpo normativo la obligatoriedad de realizar negociaciones colectivas entre los gremios y las municipalidades, mientras que las cláusulas vinculadas con las condiciones laborales de esos miles de agentes deberán ser fijadas por cada uno de los 135 municipios.

Como se apuntó, el proyecto original radicado en Diputados y planteado por Doval deroga la ley 11.757, sancionada en 1996, para crear una instancia de negociación salarial inexistente hasta hoy, y lograr el establecimiento de un piso de haberes no menor al salario mínimo vital y móvil en proporción a las seis horas de jornada laboral para el sector.

En cuanto a la garantía para que los trabajadores municipales perciban ese sueldo mensual en los 135 distritos, se incorporó al proyecto una cláusula por la cual la el Gobierno provincial colaborará con los distritos que no tengan recursos para enfrentar la actualización salarial de sus empleados.

En el Senado, previamente, estuvo puesta la atención pues se especulaba con algún cambio de posición de los colectivos políticos con representación parlamentaria, pero no hubo sorpresa. Las bancadas del FpV-PJ, el FAUne, NE y UCyB votaron por la positiva, mientras que el FR por la negativa. Ishii, solicitó permiso para abstenerse en la votación.

Tal como se esperaba, en el debate desarrollado en recinto se expusieron aspectos que se vinieron anticipando en la negociación. En ese sentido, el bloque del FpV-PJ resaltó el “absoluto respecto a la autonomía municipal” del proyecto, a través de su miembro informante y presidenta de la bancada Cristina Fioramonti.

Desde el bloque del FR, el propio presidente de la bancada Jorge D’Onofrio se encargó de explicar la posición aclaró que “no visualizamos que se cumpla cabalmente con los preceptos establecidos en la Constitución Nacional en su artículo 123” y en ello fundamento su negativa a acompañar la normativa.

No obstante el massista deslizó en su alocución que la bancada “coincide en algunas cuestiones” que se plantea en el proyecto aprobado, pero aclaró que en general el proyecto en consideración debiera actual de “forma supletoria” ante realidades no reguladas en forma local.

Por su parte, desde el bloque del FAUnen, el senador Carlos Fernández adelantó el voto positivo de la bancada pero advirtió que es la “ley posible” y una “norma de transición” que surge de la “tensión de dos derechos”, la Autonomía Municipal y los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 14 bis de la constitución nacional.

El legislador radical también se detuvo en la modificación impulsada por la bancada de establecer el máximo de 20 % de contratados en un plazo de 5 años, con ajustes anuales, y reclamó por la deuda de los convencionales bonaerense al no establecer en la reforma provincial la Autonomía Municipal, y responsabilizó al “pacto Duhalde-Rico”.

El guante no lo recogió el bloque del FpV-PJ, sino que fue desde el FR que nació la respuesta a dos puntas. Por un lado, el ex diputado convencional y actual senador Baldomero Álvarez de Olivera que precisó que el régimen municipal no se modificó porque “la UCR no apoyó la reelección” del entonces Gobernador Eduardo Duhalde. Por el otro lado, salió el senador Roberto Costa a mocionar que “si estamos todos de acuerdo porque no aprobamos una reforma constitucional por enmienda y así se modifica el régimen municipal”.

Por último, el senador Mario Ishii adelanto su abstención y detalló que la bancada que el conforma fue la única que elaboró un proyecto alternativo y que allí se planteaba un todo al presupuesto municipal de gasto en personal que no estaba comprendido en el proyecto que estaba a punto de ser votado.

Llamó la atención que nada se dijo en el debate sobre el derecho de los trabajadores municipales al Salario Mínimo Vital y Móvil contemplado en la normativa aprobada con la aclaración de que “podrá ser adecuado a la jornada laboral fijada por el Municipio, a cuyos efectos se podrá constituir un Fondo Compensador Específico integrado por recursos municipales y/o provinciales y/u otras fuentes, para financiar diferencias salariales que pudieran resultar de la nómina de personal existente al momento de entrada en vigencia de la presente ley. La diferencia resultante y los casos a financiar serán establecidos por el Poder Ejecutivo provincial a instancias de la información requerida a estos efectos”.