Sancionan dos iniciativas polémicas

Los diputados aprobaron en la sesión del miércoles dos polémicos proyectos de declaración. Una busca que la Provincia suspenda las negociaciones colectivas con gremios que propicien, alienten y realicen cortes de ruta, usurpaciones o medios violentos de reclamos. La otra pretende que el fiscal federal en competencia intervenga y realice una investigación urgente sobre las declaraciones de un empresario que señalaban que organizaciones terroristas ayudaban a mapuches a tomar tierras.
Ambas fueron votadas de forma favorable por el MPN, la Concertación y el interbloque Peronista Federal, y rechazadas por Libres del Sur, Alternativa y UNE-MUN-PS.

La Declaración Nº 1.034 es una iniciativa de Horacio Rachid y fue presentada el año pasado. Busca que los grupos que realicen usurpaciones de oficinas públicas, agresiones físicas o amenazas a funcionarios y cortes de ruta no sean tolerados por el Poder Ejecutivo ya que, según explica la medida, estos actos "atentan contra la paz social y el ejercicio pleno de los derechos democráticos de la sociedad neuquina".

En tanto, la Declaración Nº 1.035 es un proyecto del diputado radical, José Luis Sáez, en el que se solicita al fiscal federal con competencia en Neuquén que investigue las declaraciones del empresario y hermano del gobernador, Carlos "Nuno" Sapag, que denuncian la existencia de "grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales" y que estarían relacionadas con una "campaña de infiltración desde el país trasandino".

Sáez explicó que la iniciativa surgió luego de hablar con vecinos de distintas localidades del centro de la provincia y comunidades mapuches, quienes le expresaron su preocupación porque los estancieros comenzaron a armarse "debido a rumores sobre la existencia de grupos organizados que cruzaran desde Chile para tomar tierras en Neuquén".

La diputada de Alternativa, Soledad Martínez, sostuvo que con la declaración se busca instalar el fenómeno de "defendámonos de los mapuches", al que señaló en consonancia con el de los "pobres estancieros o extranjeros despojados de sus tierras".

Sáez, en cambio, señaló que la intención del proyecto es proteger a las comunidades y no promover su persecución.

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