Aun con sanción leve, perdería la presidencia del bloque

En el Frente Cívico no habrá indisciplina a la hora de votar, aunque sobren cuestionamientos sobre el legislador acusado de violar la Constitución. El martes 15 se producirá el dictamen de comisión.
En setiembre, sin más postergaciones, la Legislatura decidirá la suerte de Miguel Ortiz Pellegrini. Casi con seguridad, el dictamen de la comisión que lo investiga por presuntas violaciones de la Constitución de Córdoba, llegará el próximo martes 15 y el pronunciamiento definitivo del pleno al día siguiente, aunque con arreglo a las diligencias del oficialismo para reunir los 47 votos necesarios para una sanción, sea ésta un simple apercibimiento o la pena capital (expulsión).

Las cavilaciones de las dos semanas previas al pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Institucionales están dirigidas exclusivamente al comportamiento del bloque radical, árbitro de la decisión, tomando por cierta una posición única en el oficialismo (36) y sus socios satélites (3), además de los kirchneristas (4).

Por supuesto, esto da por sentado, también, que no va a haber deserciones en el Frente Cívico, con 10 votos más el de su cabeza, el propio Ortiz Pellegrini.

Pero más allá de cómo vote cada uno en la comisión, primero, y en el hemiciclo, después, no hay opiniones uniformes ni en el radicalismo ni siquiera en el propio bloque juecista.

El carlospacense Rodrigo Serna, por ejemplo, es uno de los más críticos contra Ortiz Pellegrini por varios motivos. Primeramente es uno de los legisladores juecistas más expectables, al punto que en Carlos Paz, donde se impuso el Frente Cívico el 28 de junio, tiene muchas chances de pelear y ganar la intendencia (incluso con un Plan B con la UCR). Es decir, si el costo político es mensurable, puede radiar hacia el valle de Punilla. Además, Serna mantiene una muy buena relación con Daniel Giacomino, uno de los políticos de Córdoba que desde el ring side espera un resultado por la vía del nocaut.

Eduardo Bischoff, un hombre que no viene de la política tradicional, como sí es el caso de muchos juecistas (el propio Ortiz Pellegrini es un caso extremo), se remueve incómodo en su banca y no precisamente por algún problema lumbar.

Adela Coria es una psicopedagoga con muy buenas relaciones con la rectora de la UNC (adicionalmente vicentista) y, en consecuencia, tributa a la idea de que la (vieja) política es la prolongación de la actividad delictiva por otros medios. Es claro, entonces, que su inevitable encuadramiento la pone en una situación de perpejlidad ante un par con toda la apariencia de haber sido y seguir siendo un violador serial de la Constitución.

Un neutral o neutro, como se prefiera, es César Seculini (del departamento Colón, al igual que Marcelino Gatica), que no parece sufrir ninguna tribulación moral.

Luego viene un cuarteto que encabeza el ético y ex K Raúl Jiménez, que votará disciplinadamente (las convicciones son otra historia), y que completan Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez y César Serra.

El sindicalista Augusto Varas que, agobiado por los problemas judiciales propios, no tiene tiempo para pensar en otros.

Por último, vienen el propio Ortiz Pellegrini, el más convencido de su inocencia, obviamente, junto a su abogado defensor Roberto Birri, curiosamente el muy posible beneficiado ante un relevo en la conducción del bloque, sin votos propios pero con el tilde de Luis Juez.

¿Y Luis Juez? Si no hay sanción todo seguirá igual. Si es leve, el inefable líder del "fin del choreo" movería las piezas en la conducción. Pero si es grave, difícilmente el senador electo compraría un costo en tiempos de vacas flacas y lo devolvería a Ortiz Pellegrini a su lugar de origen: el llano. O al fuero penal, donde ya podrá litigar contra el Estado sin zozobras.

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