¿Salvar a Moyano? Avanza el Gobierno contra los laboratorios para repartir ganancias con el Correo

¿Salvar a Moyano? Avanza el Gobierno contra los laboratorios para repartir ganancias con el Correo

El Gobierno ganó la mitad de una pelea que reparte millones. De un lado PAMI, el mayor comprador de medicamentos del país, con el 40 por ciento de la cuota del mercado. Del otro, los laboratorios nacionales e internacionales, que representan el 6% del PBI industrial y el 1% del PBI general. Dos gigantes que dirimen sus diferencias en Balcarce 50. 

Tras largos meses de negociaciones, el titular de PAMI Sergio Cassinotti, logró un acuerdo con la CAEMe (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) que nuclea a los laboratorios extranjeros y lideran el gigante nortemericano Pfizer y CSL Behring: la noticia de que a partir del 1 de abril los precios de todos los medicamentos se reducirán en un 5% supondrá un ahorro de $1.500 millones anuales. Pero el acuerdo tiene un alcance aun mayor, que las compañías de capitales locales se niegan a suscribir.  

Tres semanas atrás, y con el convenio general de precios a punto de vencer, Cassinotti le envió una carta a las cámaras que nuclean a la industria farmacéutica. La “intocable” CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), COPERALA (Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos) y CAEMe recibieron por escrito las nuevas reglas de juego para aquellos qe quisieran seguir vendiéndole a PAMI. El gobierno pasaba a ejercer su poder de gran comprador y les exigía -por primera vez- algunos gestos de cooperación tras largos años de facturaciones multimillonarias que no conocieron crisis ni cambios de gobiernos. El nuevo contrato suponía una baja en los precios de los medicamentos, pero también el quiebre de una estructura cartelizada que, hasta hoy, incluye la venta y distribución de los medicamentos en todo el país. 

La pelea preliminar fue dos semanas atrás, cuando se definió la compra anual del segmento Hemofilia, destinado a un reducido universo de pacientes que necesitan drogas de muy alto costo. El Ministerio de Salud, la Superintendencia y el IOMA llevaron a la negociación un precio de referencia y lograron partir el frente empresario y desatar un revuelo interno: Pfizer cotizó al 30% del valor propuesto por el gobierno en una evidente maniobra de dumping, que incluso ubicó el precio de las drogas licitadas muy por debajo del valor que el propio laboratorio tiene declarado en la Aduana. Los laboratorios nacionales (que concentran el 60% del mercado y están liderados por Roemmers) quedaron afuera y anticiparon su resistencia al Acuerdo General de Precios.

Normal. Las nuevas pautas no sólo reducen el precio de todos los medicamentos que PAMI compre en un 5%, sino que además -y éste es el punto de la discordia- fija precios máximos al sector, en una medida que a la industria le recuerda más a la “década ganada” que al “gobierno de los CEOs”. Esos precios máximos serán fijados unilateralmente por PAMI y funcionarán como techo para otros compradores que también se sienten a negociar con las cámaras. 

Esto, en relación a la nueva política de compras, pero la administración de Casinotti pretende también nuevas reglas para la distribución y la logística de los medicamentos. Hasta hoy, los laboratorios se encargan de facilitar el enlace con las farmacias y garantizar que la droga llegue a los pacientes de cada punto del país. Es un paquete cerrado que PAMI paga para desentenderse del asunto. Pero en los despachos de la Casa Rosada surgió la idea de licitar la distribución e implementar un sistema de entrega al estilo Amazon, que reparta las millonarias ganancias con nuevos actores: los correos. 

El frente abierto con los laboratorios nacionales, tras el acuerdo con los extranjeros, suma nuevos detractores: los que vislumbran una chance de abrirle la puerta a los negocios de la familia Macri con el Correo Argentino y de salvarle la vida a Oca. En el último año, la empresa vinculada a Hugo Moyano recibió sucesivas prórrogas excepcionales para seguir funcionando sin pagar los $3400 millones que le adeuda a la AFIP. Ahora, que el tiempo está a punto de agotarse (el plazo vence el 5 de abril), parece emerger un nuevo salvavidas. 

Los cuadros técnicos del PAMI se estresan frente a la posibilidad de implementación del sistema de Bezos: “Es una locura, habría que cambiar todas las leyes de farmacias; ni hablar de la gravedad y el riesgo de tener drogas y medicamentos en la distribución por correo”.

Mientras tanto, Cassinotti fijó un nuevo plazo para que CILFA se sume al acuerdo y acepte las condiciones a pliego cerrado. Si no, llevará el caso a la Justicia con un recurso de amparo y que se presentará en Defensa de la Competencia a dirimir un combate que promete ahorrarle al PAMI $7.000 millones anuales.

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