Salvador Mazza: acusan a dirigente social de estafar con casas del IPV

Un vecino de Profesor Salvador Mazza denunció al titular de la Comisión Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CCoTRaDe), Héctor Sergio Ramírez Lo acusa por haber cobrado 9 mil pesos con el argumento de que iba a tramitar la adjudicación de casas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), una operatoria que habría llevado a cabo con al menos diez personas y que terminó con la entrega de adjudicaciones falsas. La denuncia alcanza también a César Daniel Avalos, a quien se señala como empleado del organismo estatal aunque en el IPV se indicó que no tiene ni tuvo ningún empleado con esta identidad.
El 12 de este mes el ciudadano sirio Barakat Barakat denunció a Ramírez y a Avalos ante el fiscal penal y correccional Nº 3 de Tartagal, Pablo Cabot. Según se supo, el fiscal ya inició las medidas preliminares de investigación del hecho.

"El señor Ramírez (...) se presentaba como una persona que realizaba distintas gestiones en la ciudad de Salta para la adjudicación de las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda", se detalla en la denuncia que ayer fue presentada también ante el IPV.

Barakat contó que Ramírez cobraba 9 mil pesos por cada trámite y que llevó a cabo esta operatoria con diez personas que luego recibieron resoluciones falsas del IPV en las que figuraban como adjudicatarias. En total, afirmó, el "gestor" se quedó con 95 mil pesos. Dijo que hay más personas que pagaron estos trámites pero que aún no recibieron las resoluciones de supuesta adjudicación.

"Ramírez siempre dijo que ese dinero era entregado en Salta a una persona llamada César Daniel Avalos que trabaja (o trabajaba en esa época) en un área del Instituto Provincial de la Vivienda", reseñó el denunciante. Añadió que Ramírez les decía que Avalos era quien "realizaba y culminaba las gestiones y entregaba posteriormente las resoluciones por las cuales se adjudicaban las viviendas a los beneficiarios" y que luego Ramírez entregaba a los beneficiarios en Salvador Mazza.

Pero los adjudicatarios descubrieron luego que las resoluciones, fechadas el 17 de octubre del año pasado y que cuentan con una firma y el sello de la presidenta del IPV, Adriana Krumpholz, "son falsas, ya que se falsificó la firma" de la funcionaria.

En realidad se trataría de una suerte de resoluciones mellizas, otorgadas sobre viviendas existentes pero que habían sido adjudicadas a otras personas.

Ante la consulta de Nuevo Diario, en el IPV se indicó que no tuvo ni tiene un empleado de nombre César Daniel Avalos y que este organismo no tiene ninguna vinculación con la operatoria denunciada.

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