Salud y los sindicatos forcejean por un préstamo para la obra social bancaria

Es para ayudar a la intervención a salir de la crisis en que la dejó Juan José Zanola.
La Superintendencia de Servicios de Salud le hizo saber a la APE (Administración de Programas Especiales) que no puede asistir financieramente a la obra social bancaria (OSBA) porque el dinero que maneja es para financiar los gastos de alta complejidad de los beneficiarios de las obras sociales.

Así el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio le salió al cruce a Daniel Colombo Russell, titular de la APE, quien la semana pasada, como consignó Clarín, firmó la Resolución 18859/09 autorizando a dar préstamos a entidades en crisis. Bellagio responde al ministro de Salud Juan Manzur, mientras Colombo, ex el ex apoderado legal del sindicato de camioneros de Hugo Moyano.Detrás de este cruce entre funcionarios del sector de la Salud hay una puja por el control y el destino de un Presupuesto de más de $ 1.000 millones anuales que provienen de una parte de las contribuciones y aportes a las obras sociales.

Colombo Russell tomó esa determinación con el fundamento de que ley de obras sociales establece que los recursos del Fondo Solidario de Redistribución pueden ser destinados, con préstamos, subvenciones y subsidios, a apoyar financieramente a las obras sociales. Y que las entidades que están en situación de crisis o en concurso preventivo necesitan de esa ayuda financiera para "asegurar la continuidad de las prestaciones".

Cuando se conoció la Resolución de la APE este diario consignó que "en el sector de las obras sociales se insistía que la Obra Social Bancaria sería la primera en ser socorrida con préstamos de la APE" y que la resolución estaba hecha a la medida del rescate de la OSBA.

Ahora Bellagio le recordó a Colombo Russell que la OSBA está comprendida entre las entidades con problemas (está en concurso de acreedores) y que por las normas del sector "sólo puede concederse asistencia financiera a los agentes del seguro de salud, con destino a programas especiales" y no a cubrir otros gastos.

La OSBA fue intervenida por el Gobierno en septiembre a instancias de la Justicia debido a que está siendo investigada "entre otros delitos, por la presunta falsificación, adulteración y provisión irregular de medicamentos" en la causa de la mafia de los medicamentos. La intervención se justificó también porque "se advirtió una situación crítica y alarmante en la provisión irregular de medicamentos y la consecuente atención hacia los afiliados que estaría demostrando un total desamparo de los mismos", tras la detención del sindicalista Juan José Zanola. Luego, el interventor de OSBA, Pedro Ferrara, solicitó a la Justicia el concurso preventivo que fue concedido por la frágil y difícil situación financiera de la entidad. Se estima que la deuda de la OSBA sería de $ 400 millones repartida entre unos 2.000 acreedores, a lo que se agregaría una cifra indeterminada por deudas impositivas.

Para garantizar el cobro de un eventual préstamo, la resolución de la APE aclara que las cuotas se descontarán de los reintegros que la entidad deba percibir de la APE y si no alcanzan, las diferencias se debitarán de la recaudación que le corresponde a la obra través de la AFIP, "débito que no podrá exceder el 10% de la recaudación mensual".

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