En Salud se quedan sin plata por atender personas con obra social

La atención de los pacientes con cobertura médica no es abonada al Estado en su valor real.

Gran parte del desfinanciamiento que hoy vive el sistema de salud estatal de la Provincia está provocado por el negocio de las obras sociales sindicales, defendido a capa y espada por el titular de la CGT Hugo Moyano, y uno de los causantes de la salida de la ex ministra Graciela Ocaña del gabinete de Cristina Fernández. La situación afecta directamente a nuestra provincia, y en Salud señalaron a las exiguas tarifas que deben abonar las obras sociales como uno de los causantes de la alarmante falta de fondos de esa área.

El Ministerio de Salud se queda sin dinero porque, por un lado, hay personas que por no pagar el coseguro se hacen atender en un hospital público. Y por el otro, quienes tienen obras sociales sindicales (como no prestan servicios de alta complejidad), van a los efectores estatales.

Ya cerca de los últimos días del año, en Salud se espera que la Legislatura apruebe el endeudamiento para llegar "en condiciones" a fin de año. "Nos faltaron, al igual que en 2008, $40 millones", comentó el ministro de Salud, Sergio Saracco, quien aseguró que el déficit "ya se había calculado a mediados de año".

La falta de dinero en el área se había solucionado sin problemas el año pasado porque la recaudación del Estado superaba las previsiones, y ese excedente se podía destinar a los sectores que tenían déficit. Este año, en cambio, ingresó menos dinero de lo previsto y las arcas provinciales comenzaron a hacer agua por todos los rincones.

En el caso puntual del ministerio de Saracco la situación es mucho más preocupante ya que el déficit afecta a un servicio esencial cuya necesidad es, en muchos casos, inmediata. Y una de las patas de ese faltante de fondos es una situación ya crónica del sistema: una gran parte de las prestaciones se realiza a afiliados de obras sociales, entidades que luego deben pagar ese servicio pero que no abonan su totalidad, sino un porcentaje mucho menor, establecido por una nomenclatura, según el mismo Saracco, "muy desactualizada".

"En el último año se logró subir 100% lo que nos pagaban, pero de todas formas el canon sigue estando muy desactualizado con relación al costo real de la prestación", comentó Saracco. Este aumento fue impulsado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que tenía la intención de llevar el pago a los valores reales, pero cuyo ímpetu fue bruscamente frenado por los intereses afectados por estos cambios.

Las perjudicadas eran las obras sociales sindicales: la mayoría de las clínicas no las reciben, por lo que recurren al sector estatal, donde no existen los convenios particulares. Así es posible montar una obra social y recibir millones en recursos (repartidos por la Administración de Programas Especiales, según un informe de la Coalición Cívica), "discrecionalmente" casi sin otorgar prestaciones. "En definitiva, los Estados provinciales terminan financiando estas obras sociales. Otra situación que impacta duro en los números de Salud es la atención estatal a los afiliados de Osep, muchos de los cuales para evitar pagar el coseguro en una clínica optan por concurrir a los efectores estatales", dijo Saracco.

Se estima que 30% de las personas atendidas en hospitales y centros de salud públicos tiene alguna obra social, y que, en el caso de las prestaciones de alta complejidad, estas entidades pagan menos del 50% del costo.

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