Si bien hace casi dos años se aprobó la Ley 5410 de Control de Expendio de Psicofármacos y Psicotrópicos, la semana pasada se efectuó el primer encuentro para reglamentar esta norma. En este contexto, este miércoles continúa este trabajo con la idea de ampliar el campo de acción, dado que los inspectores de farmacia no tienen competencia para ingresar a los kioscos donde se comercializan estos medicamentos. Para ello, el gabinete sanitario pretende coordinar con municipios y otros organismos.

Ramón Figueroa Castellanos, ministro de Salud de la Provincia, consideró que se deben "exagerar” los mecanismos de control. No obstante, remarcó que en algunos lugares el Ministerio de Salud no puede ingresar pero sí pueden entrar la Municipalidad y la Policía, frente a denuncias claramente realizadas por este gabinete, remarcó.

"La idea también es ir haciendo las denuncias para que a quienes les corresponda, como la Municipalidad, Policía de la Provincia o quien sea, controle y supervise porque todo lo que la ley nos habilita es trabajar sobre la línea de la legalidad, pero hay otro circuito paralelo a la ley, que es el circuito de los medicamentos, pero que en realidad no tiene jurisdicción el Ministerio de Salud, sino que está más vinculado con las fuerzas de seguridad. Luego vamos a ir al otro circuito, que no está vinculado con la formalidad, que está más relacionado con el aspecto judicial y de seguridad”, adelantó.

Además, señaló que hay que tener en cuenta una cuestión. Según Figueroa Castellanos, algunos profesionales, que son médicos, al mismo tiempo, son dueños de farmacias y recetan medicamentos y en otro lado está la comunidad. Para el ministro, en este aspecto se debe trabajar mucho. "Tenemos que formar, ir a las escuelas, instalar este tema en los catamarqueños. Esto está vinculado, sobre todo, con los sectores más vulnerables. Si a cualquier bebida etílica se le agregan pastillas, el resultado es calamitoso. Estoy desesperado por ir y meterme en las farmacias y que sepan que estamos tras ellos”, aseguró.

Para el funcionario, la reglamentación es una pequeña parte en la lucha contra las adicciones. "Tenemos que ir dándonos la tarea de tomar partecita por partecita y armar despacito este rompecabezas. Es una obligación ciudadana; los vecinos pueden y deben denunciar. Es construir ciudadanía y tenemos que machacar fuertemente con este tema. Es una obligación denunciar. Sin duda que algunos aspectos ya están claros pero hay que escribirlos en la reglamentación. Para nosotros es un paso importante ir a controlar”, sostuvo.

Por su parte, Nancy Barros, senadora con mandato cumplido, autora de esta ley, consideró que debe haber un compromiso como sociedad. "Si sabemos que en kioscos y otros lugares venden este tipo de medicación que no debería estar en manos de la gente que no la necesita, está en nosotros hacer las denuncias. Esta ley también impone las sanciones, las clausuras y también trabajar con la Policía, el Municipio y todos lo que tengamos parte en esta responsabilidad. Hay que cambiar la cultura en la sociedad. Para todos los cambios se generan conflictos o problemas, pero estoy convencida de que es para el bien de todos”, remarcó.