Organizada por la asociación Andares, se realizó una jornada orientada al análisis de la aplicación efectiva de la nueva ley de salud mental. La actividad, que tuvo lugar en el salón de eventos de la Cooperativa Eléctrica, contó con disertaciones que enfocaron la temática desde diversas aristas.

La ley 26.657, aprobada en 2010, convirtió en norma una serie de principios y prácticas concretas que proponen un nuevo enfoque para el abordaje de la salud mental, con el planteo de la desmanicomialización como eje principal. En ese punto, la internación se transforma en una estrategia de último recurso para situaciones excepcionales y se desalienta el encierro definitivo. Además, queda prohibida la construcción de nuevas instituciones psiquiátricas de carácter asilar y se proyecta la paulatina reconversión de las existentes al formato de hospitales generales. A su vez, se reconoce la autonomía de las personas con padecimiento mental y su capacidad para decidir. Se apuesta al trabajo profesional interdisciplinario.

La jornada, que fue bautizada con el nombre de “locos por salir”, se propuso como un espacio de reflexión sobre los “avances, retrocesos, actores y desafíos” de la ley. 

Con la conducción a cargo de los integrantes de Radio en Movimiento (experiencia que encabezan pacientes del Hospital Cabred), el primer orador fue Marcelo Rossi, médico psiquiatra, docente y ex integrante de la Comisión contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. 

Desde ese último rol, el invitado recordó su participación en la investigación por las muertes ocurridas en el Hospital Psiquiátrico Alejandro Korn, de La Plata: “Descubrimos 122 muertes en dos años por causas evitables. Esa investigación derivó en un manual de monitoreo de lugares de encierro de salud mental, pero tendría que haber derivados en graves denuncia”. 

Rosso indicó que “la ley nacional de salud mental propone un paradigma, un modelo para pensar ciertas cosas que exceden la salud mental y sirven para pensar la salud en general, la sociedad y los fenómenos de reproducción social”. 

Indicó que “muy probablemente lo que pasa en las instituciones de salud  mental está emparentado con lo que ocurre con nuestros familiares padecientes de salud mental en nuestras casas, donde suelen producirse mini manicomios”. Recordó, además, que “quienes están en instituciones cerradas, sean cárceles o manicomios, tienen en común que son personas pobres, porque nadie que tenga recursos va a permanecer mucho tiempo en esas instituciones”. 

En su intervención explicó que los alcances de la ley no son nuevos, sino que recogen distintas experiencias que datan de varias décadas y apuntan a la atención primaria también para casos de padecimientos mentales: “Lo que propone la ley es bastante ambicioso, esa es una de las críticas que recibe, por ser muy utópica. Pero prefiero una ley ambiciosa para tenerla como horizonte aunque nunca llegue del todo a su concreción que unas pocas ambiciones paternalistas que me tranquilizan solo a mí. La ley marca un horizonte muy valorable, el mejor de los horizontes hacia donde caminar”.

Sin embargo, Rossi indicó que “hay muy pocas señales de su aplicación, hay muy poco cumplimiento inclusive de las pautas que se proponen”. Puso como ejemplo la situación de la provincia de Buenos Aires, ámbito en el cual tres años después de la aprobación de la normativa se dictó “una adhesión muy tímida donde se dice que se tomarán otros tres años para adecuar las condiciones de su aplicación”. El expositor comparó, en tono irónico, la actitud del Estado Bonaerense con la de un ciudadano que decide tomarse un tiempo hasta resolver cumplir con una ley. “La Provincia recibió una sanción por el incumplimiento de parte de un juez en lo contencioso administrativo, sanciones que quedan en una nota de diario en la cuarta página”, agregó.

Como parte de una perspectiva que analiza los padecimientos mentales más allá del marco individual, Rossi planteó que “vivimos en una sociedad que tiene un estilo organizativo muy primitivo basado en las diferencias, por eso cuando decimos que aquel está loco es una forma implícita de plantearme sano, igual que cuando decimos aquel delincuente, nos reafirmamos como ciudadanos honestos que construimos la Nación”. 

LA FAMILIA

Otra de las oradoras fue Beatriz López, de la Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios (FUV). Como mamá de un joven que en su momento fue internado en un neuropsiquiátrico opinó que “estamos lejos de que la ley se cumpla, casi más lejos que antes porque pareciera que la ley destapó muchas cosas que se venían tapando”. Como su antecesor en la palabra, López destacó los alcances de la norma aprobada en 2010, pero lamentó que “las conquistas pequeñas no llegan, que no están los dispositivos necesarios para que las personas no terminen en el olvido”. 

Además, describió el difícil recorrido que debe transitar una familia antes de encontrar un lugar adecuado para el tratamiento, ya que los centros de atención primarios de la salud suelen evitar atender cuadros de padecimientos mentales. A eso se suma las dificultades territoriales que acarrea la distribución de los viejos manicomios: “Son necesarios lugares cercanos, porque una persona que vive en Quilmes no se puede atender en el Hospital Cabred y hay muchos casos así. Se habla mucho de que las familias abandonan al familiar, pero ¿cuántas horas de viaje hay que hacer para llegar al Cabred? ¿Cuántas horas de trabajo deja esa familia? Estamos hablando de familias pobres. Recuerdo a una señora que nos decía que su hijo estaba mejor en Cabred porque por lo menos ahí tenía techo y un plato de comida”. 

LOS TRABAJADORES

La actividad sumó los planteos de Celeste Romero, quien forma parte del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación creado por el sindicato ATE. Su intervención permitió acercarse a los altos niveles de incidencia que los gremios suelen alcanzar en la vida interna de los centros de salud mental, como Montes de Oca o Cabred.

“Tenemos a muchos compañeros de nuestra propia organización en contra de la ley. Nuestro gran desafío es seguir sumando compañeros que apoyen la implementación de la ley, porque creemos que los trabajadores son los actores principales para el cambio, porque sin su apoyo es muy difícil que una atención comunitaria en salud mental se pueda lograr”, planteó.

Romero desmintió la posición gremial que cuestiona la ley porque implicaría pérdidas de puestos laborales. Al respecto, dijo que “la ley no sólo da mucho más trabajo, sino también brinda la posibilidad de reconvertir recursos que hoy se están utilizando innecesariamente”. 

Además, “no solo se aporta a los derechos de las personas que tienen padecimientos, que es lo principal, sino también al derecho de todos los trabajadores a tener una mejor calidad de trabajo, porque consideramos que una enfermera que está toda su guardia medicando, y muchas veces sobremedicando, también sufre una situación totalmente alienante y violenta para su trabajo y para las personas que tiene a su cargo, que son decenas”. 

Romero cuestionó el actual andamiaje estatal en materia de salud mental y se refirió al caso de la Colonia Montes de Oca: “El caso de la experiencia de Luján con (Jorge) Rossetto, que siempre está muy a favor de ley, pero cuando tiene que reconvertir casi los 18 mil pesos que genera una persona adentro no los pone en el alquiler de una casa de externación que cuesta mucho menos. Sabemos que hay plata, pero necesitamos que se utilice como corresponde. Sabemos que muchos compañeros siguen peleando por sus fuentes de trabajo y están con licencias por hostigamiento, porque en realidad hay un hostigamiento hacia los trabajadores que quieren cumplir otra función pero el propio sistema de salud no los deja y los sigue obligando a seguir encerrando”.

La jornada sumó otros testimonios y un espacio para el debate. Además se incluyeron propuestas artísticas.