El per saltum solamente se usó una vez en la provincia

La Corte hizo lugar al remedio extremo en 1992, para dejar sin efecto una cautelar que frenaba el tratamiento legislativo de pliegos de jueces
La única vez que se recuerda el uso de la vía excepcional del per saltum en Tucumán fue en 1992.

El 21 de febrero de ese año, la Corte Suprema de Justicia de la provincia dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado el entonces juez en Documento y Locaciones de la VII Nominación, Raúl Alberto Villafañe, por la que había ordenado a la Legislatura que se abstuviera de seguir tratando los pliegos de quienes habían sido propuestos como magistrados por el Poder Ejecutivo. La actuación extraordinaria del alto tribunal había sido solicitada por el entonces fiscal de Estado del gobernador Ramón Ortega, Guillermo Curia. Con los votos de René Padilla (presidente), Arturo Ponsati y Juan Carlos Veiga, la Corte resolvió primero intervenir en la causa (acción de amparo) que había promovida la abogada Teresa Mathus (ante el juzgado de Villafañe) y luego suspendió la cautelar que había dispuesto el magistrado.

El argumento que esgrimió la Corte, para justificar su avocamiento, fue el siguiente: “el objeto del juicio -la suspensión del tratamiento de los pliegos en la Legislatura-, por la trascendencia que reviste, muestra claramente gravedad institucional”.

El vocal René Goane se excusó de intervenir porque había integrado el recientemente creado Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que sugería ternas de candidatos a la judicatura al Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el vocal Oscar Emilio Sarrulle estaba en uso de licencia. Entonces, el ministro fiscal era Antonio Gandur, hoy presidente de la Corte, que, en un dictamen no vinculante, se manifestó a favor de la procedencia del per saltum.

Este salto, excepcional y restringido, supone que, por razones institucionales, el alto tribunal se avoca a una cuestión salteando al tribunal de alzada que debía haber actuado normalmente como consecuencia de un recurso de apelación contra la decisión del juez de primera instancia; en el caso de Villafañe, lo habitual hubiera sido la actuación de la Cámara de Documentos y Locaciones, y recién entonces, eventualmente, a raíz de un recurso de casación, la de la Corte. Pero esta, ante la presentación de Curia, consideró que la gravedad institucional exigía su inmediata intervención obviando a la Cámara del fuero.

La Corte tucumana disponía entonces del precedente -muy cuestionado- del per saltum que el alto tribunal del país había aplicado en julio de 1990, a pedido del ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, Roberto Dromi. Este había solicitado el avocamiento urgente de la Corte luego de que Oscar Garzón Funes, juez del fuero federal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente el proceso privatizador de Aerolíneas Argentinas, en una causa que había promovido el diputado nacional Moisés Fontenla, del “grupo de los ocho peronistas disidentes”.

Por seis votos a uno (sólo se opuso Carlos Fayt), la Corte concedió el remedio extremo y dejó sin efecto la orden cautelar. Para algunos, fue el comienzo de la etapa del funcionamiento de la mayoría automática -próxima al interés del menemismo- en el alto tribunal.

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