Tras el anuncio del Gobierno Nacional de que se presentará un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de las personas, posiciones enfrentadas, opiniones variadas y controversia es lo que se generó en todo el país. Y Salta, por supuesto, no quedó exenta de los debates.

Fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos,Germán Garavano, abrió el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad al asegurar que es necesaria una nueva ley que regule el régimen penal juvenil. Por su parte el diputado nacional por el PRO, Guillermo Durand Cornejo, señaló que, en la comisión de la Justicia que integra, ya se está analizando el tema, para que se aborde recién en 2018.

Durand Cornejo dijo que de 1.800.000 delitos que se cometen, solo 90 mil corresponden a menores de 16 años. Por ello sostuvo que claramente la incidencia criminal no es grande, pero de todos modos es necesario abordarla. Agregó también que es necesario contemplar la baja de la imputabilidad, porque si bien 90 mil casos pueden no parecer tanto, lo cierto es que cuando alguien padece un delito, no le resulta poco.

Por su parte, Miguel Nanni, legislador de la UCR, expresó que hace falta "contención y no represión”. Luego argumentó que "Tenemos que tomar distancia del conflicto cuando hay un menor delinquiendo. Algo estamos haciendo mal para que un menor delinca. Bajar la imputabilidad lo único que atacará es la consecuencia y no las causas de la inseguridad”. "Un menor que delinque es una persona a la que se la ha robado la infancia”, afirmó el Legislador.

Pablo López, representante del Partido Obrero en la Cámara Baja, dijo que el PO rechaza esta iniciativa. "La criminalización de la juventud busca ocultar la creciente descomposición del aparato represivo y su entrelazamiento con el crimen organizado”, es la posición del Partido Obrero.

El siempre polémico Diputado Nacional Alfredo Olmedo, no tan solo se mostró de acuerdo, sino que además recordó que él ya había presentado un proyecto para que se baje la imputabilidad de los menores. A todo esto, agregó que los padres de los menores que cometan delitos deben pagar penalmente por los ilícitos de sus hijos.