SALTA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ¿QUIÉN MANEJÓ LOS PINCELES COLOREADOS?

Ésa es la pregunta que se formula Martín Herran, ingeniero, docente e investigador universitario, ecologista desde hace dos décadas, tiempo durante el cual se involucró en no pocos conflictos ambientales, en los que, según sus palabras, los grandes perdedores ha sido, en todos los casos, los pobladores humildes del campo, los que no tienen siquiera la tierra sobre la que viven y que dependen casi exclusivamente de los bosques que habitan.
En esta oportunidad, Herran expresa su indignación al mirar, asombrado, la cantidad y ubicación de las “zonas verdes” en el mapa que, según la Ley 26.631, decidirá el futuro de los bosques provinciales, y por supuesto, de sus pobladores.”Esperaba un mínimo de dignidad y justicia de parte del gobierno en este procedimiento de ordenamiento, que ya venía viciado de entrada al imponer a la sociedad un debate sobre políticas ambientales antes de resolver la cuestión de fondo: el derecho a la tierra.

“Siento una inmensa indignación, porque fuimos más de un millón de personas las que pedimos al gobierno nacional, el año pasado, que detuviera esta aniquilación de los bosques del norte argentino. Las selvas y montes salteños, como los de las provincias vecinas, están en estado crítico, y nos encontramos con que los organismos y personas que tenían que decidir la terapia a aplicar, están agravando la situación. Parece el caso de un enfermo grave de pulmón al que una junta médica le dice que fume como máximo dos paquetes de cigarrillos por día”.

Y no exagero: se ha pintado de verde (o sea, tierras en las que el bosque, por su bajo valor de conservación, puede ser eliminado y reemplazado por cultivos) a grandes extensiones de los departamentos de Anta y Rivadavia Banda Sur, zonas que figuran entre las más arrasadas del país por los desmontes de la dupla soja-pasturas.

En particular, se está entregando a los intereses especulativos el destino de lo poco que queda del Impenetrable en suelo salteño, un bosque muy seco y muy denso a la vez, y - me consta - muy poco estudiado como para asegurar que tiene un bajo valor de conservación, ya que es hábitat de especies en extinción como el quimilero, tatú carreta, oso bandera, pichi ciego Chaqueño (especie casi desconocida para la ciencia) y jaguar. Además, esos bosques son morada de numerosos puesteros criollos, los que aún quedan después del continuo, brutal y silencioso desalojo que se venido produciendo en el área durante los últimos cinco años. Incluso gran parte de Salta Forestal, dada en concesión a empresas privadas, figura ahora en verde, lo que a mi entender se contradice con la condiciones de la privatización.

Figuran también en verde vastas zonas de monte chaqueño al norte de los departamentos de Orán y san Martín, pobladas por comunidades indígenas, las que a la fecha siguen en pie de lucha para salvar su hogar, el monte, de la voracidad empresaria.

En lo que respecta al amarillo, causa una desagradable sorpresa ver que se ha teñido con este color ( lo que indica bosques de mediano valor de conservación y que pueden ser explotados sustentablemente) a toda la alta cuenca del Bermejo, o sea la totalidad de las serranías de Iruya, Orán y Santa Victoria, a pesar de que las selvas aquí han sido saqueadas hasta el agotamiento, con criterio minero, y de que los lugares con mediana “rentabilidad económica” están en las faldas más escarpadas de los cerros, donde la explotación maderera ocasiona permanentemente derrumbes y deslizamientos de laderas. El gobierno está pintando de amarillo a montes relictuales de una biodiversidad extraordinaria y, lo que es más grave, no estudiados. Por otra parte, y lo que es fundamental, la reglamentación de la Ley 26.631, en su anexo II, indica claramente que ningún área boscosa con pendientes superiores al 25 % será aprovechable y deberá ser incluida en los bosques de protección. Así que hay una contradicción con la ley marco, y todas estas áreas de yungas de montaña deberían estar en rojo.

El color amarillo, además, es el más ambiguo porque la ley lo determina como la superficie que queda por diferencia entre los otros dos colores, no detalla el tipo de aprovechamiento que puede hacerse, y deja en manos de las provincias y sus equipos técnicos el diagnóstico del estado de esos bosques. Es esta indefinición que da lugar a los planteos aberrantes como los de “desarbustado”, que es una figura técnica hipócrita que sólo apunta a mata ecológicamente un bosque para su explotación ganadera sin eliminar la cobertura arbórea, para guardar la formalidad jurídica, pero en una total insustentabilidad.

Herran, quien asistió como invitado a dos reuniones del grupo de biodiversidad en el marco del ordenamiento, señaló asimismo que resulta claro que la opinión de los expertos no ha sido incluida, de lo contrario no estaríamos viendo tanto verde sobre territorios en los que se hallan animales casi desaparecidos en el resto del país ( tapir y jaguar entre ellos).

Es doloroso ver que técnicos contratados por el Estado con la exclusiva misión de diseñar un plan para la protección y el uso racional de los montes a largo plazo, estén mostrando un mapa en el que a todas luces tuvo más peso el criterio de expansión agropecuaria de gran escala que el de respeto a pobladores originarios y a la protección de ambientes al borde de la desaparición.

Ahora los legisladores analizarán las propuestas y aprobarán el menor de los males, porque incluso este mapa y plan de ordenamiento parece “razonable” frente a las otras presentaciones, en las que habría cerca de cinco millones de hectáreas en verde. Hay a todas luces una decisión política de no afectar los intereses de una élite empresaria que basa sus negocios de gran escala (leguminosas, ganadería y quizás pronto biocombustibles ) en la habilitación (léase desmonte) de vastas extensiones de tierras ahora ocupadas por bosques.

Basta ver como ejemplo en qué términos se expresa el ministro de ambiente, cuando dice que el gobierno debe organizar un plan de contención para los aborígenes desalojados por desmontes. Esto y negar los derechos mínimos y vitales de los pueblos preexistentes es lo mismo.

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