Un inspector de Litoral Gas que realizó un control 11 días antes de la tragedia de Salta 2141 fue indagado ayer y quedó imputado por un desempeño negligente que tuvo directa incidencia en el resultado que se produjo el 6 de agosto. Cortó el gas por el reclamo de una vecina para que se arreglara un pérdida, pero no puso un cepo inviolable (estipulado en la reglamentación técnica), lo que permitió que el gasista accionara la válvula de corte para trabajar. Su defensa pidió la nulidad de la acusación, pero la fiscal se opuso.

Luego de tres meses del accidente por la fuga de gas y posterior explosión en las tres torres de Salta entre Balcarce y Oroño donde murieron 22 personas, por primera vez la Justicia formalizó una acusación sobre las responsabilidades de Litoral Gas como prestataria del servicio y agente de control.

En ese sentido, ayer fue indagado el inspector que el 25 de julio de este año llegó al edificio porque una vecina del 9º piso había hecho un reclamo por "baja presión de gas". El empleado constató una pérdida "en accesorio de gabinete", según el acta de procedimiento, que rubricó con el requisito de que el servicio se rehabilitaría "con gasista matriculado". Otros dos compañeros suyos y dos jefes serán indagados en los próximos días (ver aparte).

Sin respuesta. Fuentes de la causa indicaron que, si bien el empleado Gerardo Bolaños al hacer su descargo dijo que detectó una fuga pequeña que fue subsanada y negó que su actuación hubiera contribuido a desencadenar la tragedia, no contestó preguntas de la jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta, ni de la fiscal Nº 11, Graciela Argüelles.

Por ello, las funcionarias no pudieron aclarar por qué dejó una marca en la vereda del inmueble (con pintura amarilla) y rtramitó un pedido "urgente" ante la Municipalidad para intervenir en los ductos, algo de lo que luego desistió.

El Tribunal tampoco pudo indagar acerca de otra situación que, en el marco de la investigación, contribuye a la imputación. Es que, de acuerdo a la normativa vigente, al decidir el corte de gas para que el gasista José Allala trabaje sobre la fuga, el inspector debió colocar un cepo inviolable en la llave que regula la entrada de gas de la red pública a la domiciliaria, ya que nadie más que la empresa está habilitado para manipular ese artefacto.

No obstante, según fuentes allegadas a la causa, la defensa del inspector pidió la impugnación de la indagatoria por no estar sustentado el nexo de causalidad entre su actuación y el resultado dañoso. Pero la fiscal Argüelles entendió que la imputación fue clara y precisa y se sustenta en las pruebas; denegó el pedido y dio por cumplido el acto procesal de indagatoria.

Con esa irregularidad, según pruebas acopiadas en el expediente 970/13 (caratulado como estrago culposo agravado por las muertes), quedaría en evidencia el obrar negligente, ya que, al ser indagado la semana pasada, el propio gasista reconoció que abrió y cerró esa llave para verificar la pérdida, algo que no debió hacer.

En la acusación contra el reclamista de Litoral Gas por negligencia o impericia en su tarea por apartarse de la normativa que establece pautas de procedimiento para el caso en el que le tocó intervenir y cuyos resultados derivaron en la presencia del gasista que trabajaba el día de la explosión, se sustenta la hipótesis del encadenamiento de acciones imprudentes previas al conmocionante hecho.

En esa situación ya están los otros seis imputados: el gasista Carlos Osvaldo García y su ayudante Pablo Miño (intervenían para cambiar el regulador de gas el día de la explosión), los integrantes de la inmobiliaria que administraba el condominio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli (por desoír las quejas de los vecinos y omitir el deber de cuidado de espacios comunes del edificio), y el gasista Allala, que no habría notificado la reparación ni completado formularios que exige la empresa, según la normativa.

Audiencia con vecinos querellantes

Once vecinos damnificados de las torres siniestradas el 6 de agosto en Salta 2141 que solicitaron ser querellantes en la causa penal, tendrán hoy una audiencia con la jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta. En ese acto, quedarán formalmente incorporados como parte del expediente. Y bajo esa figura estarán habilitados, con patrocinio, a proponer medidas y pruebas, y hacer un seguimiento formal de la investigación.

Allanamientos y más indagatorias

Los allanamientos realizados el viernes pasado en las oficinas técnicas de Litoral Gas fueron calificados como “altamente positivos” por allegados a la pesquisa de la explosión.

La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) llegó hasta las dependencias de Ayacucho y 24 de Septiembre por orden expresa de la jueza Irma Patricia Bilotta. Es que la funcionaria pretende saber el motivo por el cual, después de la tragedia, la empresa mostró un cambio en sus procedimientos y desplegó cientos de inspecciones en edificios de la ciudad donde directamente cortó el servicio de gas hasta que se adecuaran las instalaciones, algo que no ocurrió en Salta 2141.

Durante la requisa que realizó la TOE se habrían incautado legajos de edificios de Rosario que presentaron problemas en las instalaciones de has de un mes a esta parte. La idea es cotejar esas situaciones con los antecedentes técnicos de las torres siniestradas.

Acusaciones. Para esta semana están previstas las declaraciones indagatorias de otros dos inspectores de Litoral Gas. Esos empleados fueron quienes el 26 de julio habrían ordenado la reconexión del servicio tras el desperfecto por fuga de gas que detectó su compañero (indagado ayer) y que obligó a la intervención del gasista José Allala.